Denuncian por sedición y terrorismo a legisladores tras muertes en bloqueos

Legisladores de distintas bancadas presentaron denuncias por sedición y terrorismo contra el senador Nilton Condori y dirigentes sindicales, a quienes acusan de instrumentalizar las protestas indígenas para promover un quiebre democrático en nuestro país. El conflicto, que inicialmente demandaba la abrogación de la Ley 1720, derivó en un cerco nacional que ha dejado un saldo de tres personas fallecidas por falta de atención médica y un severo desabastecimiento de alimentos.

El diputado Leonardo Roca presentó el viernes una denuncia ética ante la Cámara de Senadores contra Condori, representante de Alianza Unidad, por presuntamente firmar acuerdos con grupos violentos para derrocar al Ejecutivo. Según Roca, la protesta fue utilizada como una "excusa sediciosa" que permitió el avance de movimientos subversivos en la sede de Gobierno. Por su parte, el diputado Manolo Rojas anunció una demanda ante la Fiscalía contra el senador, el dirigente de los Ponchos Rojos, Edgar Copa, y el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, por el delito de terrorismo.

El origen del conflicto y la escalada de violencia

La crisis comenzó tras la promulgación de la Ley 1720 el pasado 6 de abril, referida a la conversión de pequeñas propiedades agrarias en medianas. Aunque nuestras autoridades aseguraron que la norma era voluntaria y buscaba facilitar el acceso a créditos, organizaciones indígenas y ONG como Fundación Tierra sostuvieron que la medida promovía el despojo de territorios. Una marcha que partió desde Pando llegó a La Paz tras 32 días de caminata, sumando en el trayecto demandas por la escasez de combustible y el alza de precios en la canasta familiar.

La situación en nuestra ciudad y en El Alto se tornó crítica debido a los bloqueos de carreteras. En La Paz, el precio de la carne de pollo se triplicó, obligando al Gobierno a habilitar un puente aéreo desde Santa Cruz para mitigar el desabastecimiento. El sistema de salud también se vio afectado; el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, denunció la falta de oxígeno y medicamentos esenciales para la atención de emergencias.

Consecuencias fatales y agresiones

El Ministerio de Obras Públicas confirmó que la obstrucción de vías impidió el paso de ambulancias, resultando en la muerte de tres personas. Entre las víctimas se encuentra una ciudadana beliceña de 56 años en Desaguadero y una mujer de 40 años que sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras era trasladada desde Guanay. Un tercer deceso se registró en El Alto, donde una joven de 20 años falleció tras convulsionar durante tres horas sin recibir auxilio oportuno.

Además de las muertes, se registraron actos de violencia física contra autoridades. El diputado Róger Labardens fue agredido por bloqueadores en El Alto hasta quedar inconsciente mientras intentaba llegar al aeropuerto. Ante este escenario, los demandantes sostienen que los líderes de la movilización firmaron un pacto el 11 de mayo para mantener las medidas de presión hasta lograr la renuncia del primer mandatario, lo cual califican como una acción criminal que excede el derecho a la protesta.