Denuncia por gasolina de mala calidad alcanza a 24 exautoridades en Bolivia

El Ministerio de Hidrocarburos y Energías, junto a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), presentó una denuncia formal que alcanza a 24 exautoridades y funcionarios de áreas estratégicas del sector petrolero. La demanda judicial surge tras la crisis por la distribución de gasolina desestabilizada, un hecho que afectó el funcionamiento de miles de vehículos en nuestro país y generó millonarios desembolsos en resarcimientos.

La acción legal identifica indicios de responsabilidad penal por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, conducta antieconómica y daño calificado. Entre los señalados figuran los exdirectores ejecutivos de la ANH, Germán Jiménez Terán y Joel Callaú Justiniano, además del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, y otros gerentes de la estatal petrolera y su subsidiaria YPFB Logística.

Causas técnicas y normativas del problema

El actual presidente de YPFB, Sebastián Daroca, informó que las investigaciones técnicas detectaron tres causas estructurales detrás de la mala calidad del combustible. Según la autoridad, existió un vacío normativo relacionado con el Decreto Supremo 4718, que permitió aplicar parámetros de calidad de productos terminados a gasolinas base importadas, lo cual calificó como un error estructural heredado.

Asimismo, Daroca explicó que entre 2023 y 2025 los tanques de almacenamiento operaron con niveles mínimos debido a la escasez de divisas en nuestra economía. Esta situación provocó la oxidación y acumulación de sedimentos que contaminaron el carburante. A esto se sumó la detección de trazas de diolefinas en el producto importado, compuestos químicos inestables que generan gomas y dañan los inyectores de los motores.

Observaciones a la fiscalización y control

Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, las comisiones que investigan el caso sostienen que hubo fallas críticas en los mecanismos de control. El legislador Rolando Kobayashi señaló que el cuerpo técnico encargado de las compras solo verificaba cinco parámetros de calidad, lo que resultó insuficiente para garantizar la estabilidad del producto distribuido en el mercado interno.

Por su parte, el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos consideró que existió una negligencia técnica compartida entre YPFB y la ANH. Ríos afirmó que no se puede utilizar la misma especificación para una gasolina base que requiere mezcla con etanol que para un combustible destinado directamente al público. Según el experto, la cadena de mando en la compra y abastecimiento debe ser el foco central de las investigaciones judiciales.

Impacto económico y procesos en curso

El impacto de la gasolina desestabilizada obligó a la estatal petrolera a ejecutar un plan de compensaciones. Hasta la primera quincena de mayo, YPFB desembolsó 52,9 millones de bolivianos para cubrir los daños en 19.537 vehículos, entre motocicletas y automóviles, que cumplieron con la verificación técnica de los desperfectos reportados.

Actualmente, el caso es analizado por tres instancias estatales de forma paralela: comisiones especiales en la Cámara de Diputados y el Senado, y una investigación en la Contraloría General del Estado. Estas entidades evalúan si la aprobación del Decreto Supremo 4718 en mayo de 2022, que redujo los parámetros de calidad para la importación, constituye una base para ampliar los procesos legales contra los firmantes de dicha norma.