Suman 67 puntos de bloqueo y el Gobierno descarta el uso de la fuerza

El conflicto social en nuestro país se agudizó este martes con el registro de 67 puntos de bloqueo en las carreteras, 50 de ellos concentrados en el departamento de La Paz. Pese al desabastecimiento de alimentos y el perjuicio al transporte pesado, el Gobierno ratificó que no existe una instrucción para que la Policía proceda al desbloqueo por la fuerza, priorizando las mesas de diálogo con los sectores movilizados.

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, explicó que nuestras fuerzas se mantienen preparadas, pero a la espera de una orden superior. "Al momento todavía no tenemos la instrucción para el desbloqueo, ya que las autoridades se encuentran todavía en pleno proceso de conversaciones", señaló la autoridad, quien además pidió "humanidad" a los manifestantes para permitir el paso de oxígeno, medicamentos y combustibles.

Crisis de abastecimiento y puentes aéreos

La situación en la sede de Gobierno es crítica. El dirigente gremial de El Alto, Antonio Siñani, informó que las ventas han caído un 70% y advirtió que, ante la inacción estatal, sus bases no descartan salir a desbloquear las vías por cuenta propia. Por su parte, el transporte pesado denunció que 1.200 camioneros permanecen varados en rutas estratégicas, sufriendo extorsiones y falta de alimentos.

Para mitigar la escasez, el Gobierno activó puentes aéreos desde Santa Cruz. Este martes, una aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana trasladó diez toneladas de carne de res hacia La Paz, que se suman a un envío previo de carne de pollo realizado el fin de semana.

Postura oficial y advertencias de anarquía

Desde el Ejecutivo, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, rechazó las críticas que califican de "débil" la gestión del presidente Rodrigo Paz. "No hay estrategia de desbloqueo, la estrategia es de diálogo. Queremos evitar escenarios de sangre", afirmó. En la misma línea, el portavoz presidencial José Luis Gálvez denunció que las protestas han mutado de demandas sectoriales a un objetivo político que busca la renuncia del mandatario, un pedido que calificó como inconstitucional.

Sin embargo, la falta de intervención policial ha generado alarmas en el Legislativo. El diputado Carlos Alarcón advirtió que el país atraviesa un estado de "caos y anarquía" que podría derivar en que la ciudadanía asuma medidas de justicia por mano propia ante la vulneración de derechos fundamentales.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó a los sectores movilizados a establecer corredores humanitarios de manera inmediata. Callisaya instó al Gobierno a convocar a un encuentro nacional multiactor para reestablecer puentes, recordando que ninguna reivindicación social justifica la afectación al derecho a la vida y la salud de la población boliviana.