Diputados debaten la abrogación de la Ley 1720 en medio de presiones regionales

La Cámara de Diputados instaló este viernes una sesión para tratar el proyecto de ley que busca abrogar la Ley 1720, una normativa que permite la conversión voluntaria de la pequeña propiedad agrícola en mediana. El debate legislativo ocurre tras un acuerdo alcanzado el pasado miércoles entre el presidente Rodrigo Paz y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) para eliminar la norma ante las protestas de sectores indígenas.

La Ley 1720, promulgada el 10 de abril de 2026, faculta al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para realizar este cambio de estatus jurídico de la tierra. Según sus defensores, la medida busca que los pequeños productores accedan a créditos bancarios y tecnología. No obstante, organizaciones indígenas de Pando y Beni, que mantienen una vigilia en la sede de gobierno tras una marcha de 27 días, sostienen que la ley fomenta la concentración de tierras y vulnera la indivisibilidad de la pequeña propiedad.

Resistencia del sector agroindustrial

La Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (CANIOB) manifestó su rechazo a la posible abrogación y advirtió que la eliminación de la norma pondría en riesgo la estabilidad del sector. La institución señaló que la ley otorga seguridad jurídica y financiera, permitiendo inversiones para elevar la productividad por hectárea. Según la CANIOB, las críticas contra la normativa responden a intereses políticos que podrían frenar el desarrollo productivo y la generación de divisas.

Esta postura coincide con la de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y otras entidades empresariales que consideran la ley un instrumento clave para la modernización del agro. Los gremios productivos argumentan que la conversión es voluntaria y necesaria para que el productor deje de estar sometido a las limitaciones financieras de la pequeña propiedad titulada.

Propuesta de salida autonómica

Ante la polarización, el senador Branko Marinkovic y el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, propusieron una alternativa para evitar la anulación total de la norma. El planteamiento consiste en una modificación legal para que cada departamento, a través de sus comisiones agrícolas, decida si aplica o no la Ley 1720 en su jurisdicción.

"Cada departamento conoce mejor su realidad y sus necesidades", afirmó Marinkovic, quien anunció la presentación de un proyecto de ley breve para transferir esta competencia a las regiones bajo el principio de autonomía. Por su parte, Cochamanidis cuestionó la intención de abrogar la ley y señaló que centralizar esta decisión es un retroceso para el sector productivo.

El tratamiento en la Cámara de Diputados definirá el futuro de la normativa en un escenario de alta tensión. Mientras los sectores sociales exigen la eliminación inmediata para levantar sus medidas de presión, el bloque productivo advierte sobre las consecuencias económicas de dejar sin efecto los mecanismos de financiamiento para el agro.