Tribunal Electoral retiene credencial de asambleísta electa por condena de narcotráfico

El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba suspendió la entrega de la credencial a la asambleísta electa Roxana Bascopé Trujillo tras confirmarse la existencia de una sentencia ejecutoriada por narcotráfico en su contra. La decisión surge luego de una denuncia presentada por el asambleísta Edwin Jiménez, quien cuestionó la habilitación de la candidata por la alianza Unidos Por los Pueblos (A-UPP) pese a sus antecedentes penales.

Según los registros judiciales presentados por la parte denunciante, Bascopé recibió una condena el 18 de junio de 1998 por el delito de transporte de sustancias controladas. La sentencia establecía una pena privativa de libertad de cinco años y cuatro meses. Jiménez señaló que la normativa vigente prohíbe que ciudadanos con sentencias ejecutoriadas en materia penal asuman cargos públicos de elección popular.

Cuestionamientos al proceso de habilitación

Jiménez solicitó un informe escrito al órgano electoral para determinar las razones por las cuales no se detectó el antecedente penal durante la fase de revisión de requisitos de las elecciones subnacionales. "Nos llama poderosamente la atención porque en la corte electoral revisan si se cumplen todos los requisitos", dijo el asambleísta. El legislador subrayó que una persona con este estatus legal no debió ser habilitada ni elegida como autoridad departamental.

Por su parte, Bascopé reconoció la existencia de la condena, pero argumentó que ya cumplió la sanción impuesta por la justicia hace más de dos décadas. La asambleísta electa criticó que el Tribunal Electoral Departamental no observara su postulación antes de los comicios y calificó la retención de su credencial como un acto de exclusión. "Me siento discriminada y marginada", dijo Bascopé al ser consultada sobre su situación jurídica actual.

Implicaciones legales y administrativas

El caso pone en duda los filtros de seguridad del sistema electoral para verificar los antecedentes penales de los candidatos en el país. De acuerdo con la Constitución Política del Estado y la Ley del Régimen Electoral, el cumplimiento de los requisitos de postulación es una responsabilidad compartida entre el candidato, su organización política y el tribunal encargado de la supervisión. La presentación del certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) es un requisito obligatorio para cualquier aspirante.

La falta de una inhabilitación oportuna genera un conflicto administrativo en la Asamblea Legislativa Departamental. Si la autoridad electoral ratifica la inhabilitación definitiva de Bascopé, el escaño de la alianza A-UPP deberá ser ocupado por el suplente correspondiente, conforme a los procedimientos de sucesión establecidos en la ley. Este proceso requiere una resolución formal que anule la elección de la titular basándose en el incumplimiento de requisitos constitucionales.

El Tribunal Electoral Departamental todavía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las razones técnicas que permitieron la habilitación inicial de la candidata. Se espera que el informe solicitado por Jiménez aclare si hubo una omisión en la revisión de los documentos o si la información sobre la sentencia de 1998 no estaba disponible en las bases de datos consultadas al momento de la inscripción de la candidatura.