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Política

La Contraloría ordena arraigo de seis meses para autoridades subnacionales salientes

La medida alcanza a gobernadores, alcaldes y concejales que terminan su mandato. El objetivo es garantizar su presencia durante las auditorías de transición.

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Puntos clave de la noticia:

  • La policía utilizó agentes químicos para dispersar a sectores de la COB y el magisterio en el centro paceño.
  • Los manifestantes detonaron cachorros de dinamita en su intento de ingresar a la plaza Murillo.
  • El conflicto se enmarca en el segundo día de paro general exigiendo un aumento salarial.

La Contraloría General del Estado activó un mecanismo de control que prohíbe la salida del país de las autoridades subnacionales salientes por un periodo de seis meses. La disposición, que ya fue comunicada a la Dirección General de Migración, alcanza a gobernadores, alcaldes, concejales y personal jerárquico que cesan en sus funciones, con el fin de asegurar su disponibilidad durante los procesos de auditoría de gestión.

El gerente departamental de la Contraloría en Santa Cruz, Glauco Montero, explicó que esta medida se fundamenta en la Ley 1709, modificada en febrero de este año. La normativa establece lineamientos para garantizar la transición institucional y el acceso irrestricto a la información pública. Según el funcionario, el listado remitido a las autoridades migratorias incluye a los secretarios salientes de las diversas administraciones departamentales y municipales.

Acceso a contratos y transparencia en la transición

En paralelo a las restricciones de viaje, la Contraloría inició un proceso de acompañamiento a las autoridades electas para facilitar el traspaso de información administrativa. Montero informó que se enviaron notificaciones oficiales a los nuevos ejecutivos para que puedan revisar la documentación técnica y legal disponible en la institución.

"El objetivo es apoyar la gestión pública", señaló Montero al referirse a las notas enviadas al alcalde electo de Santa Cruz, Manuel Saavedra, y al gobernador electo, Juan Pablo Velasco. La institución busca que las nuevas autoridades accedan a los registros de contratos y procesos administrativos reportados mensualmente durante los últimos años, lo que permitirá reconstruir información en caso de que existan vacíos documentales en las entidades.

De acuerdo con el gerente, este registro permite que los funcionarios entrantes cuenten con un listado completo de todos los contratos generados y de los procesos judiciales en curso. Esta base de datos sirve como un mecanismo de verificación para fortalecer la transparencia en el inicio de los nuevos periodos de gobierno.

Coordinación con las unidades de auditoría interna

La estrategia de supervisión incluye un trabajo conjunto con las unidades de auditoría interna de cada gobernación y alcaldía. El propósito es asegurar que los cierres de gestión cumplan con los estándares técnicos exigidos por ley y evitar cualquier tipo de interferencia política en los informes de control.

"Es un sistema integral el control gubernamental", afirmó Montero, quien subrayó que la efectividad de estos procesos depende de la disposición de la máxima autoridad ejecutiva de cada entidad. La Contraloría prevé que, con el arraigo de aproximadamente 400 exfuncionarios, se logre concluir las auditorías de la "salud financiera" de las instituciones y empresas públicas sin contratiempos procesales.