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Política

René Yahuasi presenta un nuevo recurso legal y exige nuevas elecciones

El excandidato concluyó una marcha de siete días en El Alto con un pliego de demandas que incluye la anulación de leyes y la reposición del balotaje.

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El excandidato René Yahuasi este martes en la ciudad de El Alto / APG

Puntos clave de la noticia:

  • La policía utilizó agentes químicos para dispersar a sectores de la COB y el magisterio en el centro paceño.
  • Los manifestantes detonaron cachorros de dinamita en su intento de ingresar a la plaza Murillo.
  • El conflicto se enmarca en el segundo día de paro general exigiendo un aumento salarial.

El excandidato a la gobernación de La Paz, René Yahuasi, finalizó este martes una marcha de siete días con el anuncio de un nuevo amparo constitucional para intentar retomar su postulación. La movilización, que partió desde la localidad de Puerto Acosta, concluyó en la ciudad de El Alto, donde el dirigente político presentó un pliego petitorio que incluye la demanda de convocar a nuevos comicios departamentales y el rechazo a diversas iniciativas legislativas del gobierno.

La movilización civil, que inicialmente pretendía descender hasta la sede de gobierno, terminó con una concentración en el complejo de la Universidad Pública de El Alto (UPEA). Yahuasi explicó que la decisión de no ingresar al centro de La Paz respondió a recomendaciones de autoridades originarias para evitar posibles confrontaciones. Durante el acto, el líder político detalló que su plataforma de demandas se ha ampliado para incluir temas de alcance nacional, como la defensa de la libertad de expresión y la oposición a la privatización de empresas estatales.

La estrategia jurídica y el pliego de demandas

El equipo legal de Yahuasi confirmó la interposición de un nuevo recurso ante la justicia constitucional. El abogado Gabriel Justiniano señaló que el objetivo es restituir el derecho del candidato a participar en una segunda vuelta electoral. Según el jurista, la convocatoria previa a un balotaje generó derechos adquiridos que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) debió proteger bajo el principio de preclusión. Justiniano afirmó que la institución electoral tiene la obligación de resguardar tanto los derechos del postulante como la voluntad de los votantes paceños.

El pliego petitorio presentado por la movilización exige la anulación de la Ley 1720 y expresa un rechazo formal al proyecto de ley antibloqueo que se tramita en la Asamblea Legislativa. Asimismo, el documento incluye observaciones técnicas sobre la calidad de los combustibles distribuidos en el país y demandas relacionadas con la propiedad de la tierra. La exigencia central, sin embargo, es la convocatoria a nuevas elecciones para la gobernación de La Paz, bajo el argumento de que el proceso actual carece de legitimidad tras la exclusión de la segunda vuelta.

Antecedentes del conflicto electoral

La crisis política en torno a la gobernación paceña se originó tras los comicios del 22 de marzo. El 30 de ese mes, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó oficialmente a una segunda vuelta entre Luis Revilla, quien obtuvo el primer lugar, y René Yahuasi, que quedó en segunda posición. No obstante, la organización política Nueva Generación Patriótica (NGP), que sustentaba la candidatura de Yahuasi, decidió retirar su participación de la contienda de manera unilateral.

Ante este retiro, el OEP procedió a cancelar el balotaje y declaró a Luis Revilla como gobernador electo. Esta decisión fue impugnada previamente mediante un recurso constitucional y una acción popular presentada por un ciudadano particular; ambos mecanismos fueron rechazados por los tribunales competentes la semana pasada. Las autoridades electorales han sostenido que la proclamación de resultados finales es un acto administrativo consolidado que no admite retroceso.

El discurso de Yahuasi ha evolucionado desde el inicio de su caminata hace una semana. Lo que comenzó como un reclamo estrictamente electoral se transformó en una movilización con consignas económicas y sociales. El excandidato aseguró que el nuevo amparo constitucional es la última instancia legal para intentar revertir la proclamación de Revilla, mientras los sectores que lo apoyan mantienen el estado de emergencia a la espera de una resolución judicial definitiva.