Selección de vocales del TSE se estanca en la Asamblea por disputas políticas y legales

El proceso de selección de nuevos vocales para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se encuentra estancado en la Asamblea Legislativa Plurinacional en medio de cuestionamientos sobre su legalidad y acusaciones de un intento de manipulación política. El proyecto de ley que debe regir la selección, aprobado hace más de dos semanas en la Cámara de Diputados, enfrenta objeciones tanto de la oposición como de organizaciones de la sociedad civil.

Cuestionamientos legales y políticos

La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) ha señalado que las facciones del Movimiento al Socialismo (MAS) buscan direccionar la selección para nombrar vocales afines a sus intereses. El principal argumento legal, expuesto por el diputado Carlos Alarcón, es que el "Proyecto de Ley Transitoria de Selección, Elección y Designación de Vocales del TSE" fue aprobado por mayoría simple y no por los dos tercios de los votos que, según él, exige una Sentencia Constitucional de julio de 2023. "Esta medida ya tiene un vicio de nulidad absoluta, de origen", afirmó Alarcón, quien formalizó la observación ante la presidencia de la Cámara de Diputados.

Según la oposición, el objetivo es controlar el TSE de cara a importantes procesos electorales, como las elecciones subnacionales de 2026, un posible referendo constitucional y las elecciones presidenciales de 2030.

Deficiencias advertidas por la sociedad civil

La Observación Ciudadana de la Democracia (ODC) de la Fundación Jubileo también se pronunció en contra del proyecto, advirtiendo sobre "graves deficiencias" en su formulación. En un comunicado, la organización criticó a los legisladores por intentar aprobar la norma de "manera apresurada", arriesgándose a repetir errores de procesos pasados que resultaron en la designación de autoridades "cuestionadas por su falta de transparencia, independencia y objetividad".

La ODC advirtió que si estos problemas persisten, "se pondrá en riesgo la legitimidad de las designaciones y, con ello, la confianza ciudadana en el Órgano Electoral Plurinacional". Entre sus 11 observaciones, la organización exige garantías de independencia política, transparencia y el estricto cumplimiento de los plazos.

Defensa del procedimiento

En respuesta a estas críticas, la senadora Silvia Salame, una de las proyectistas de la ley, defendió el procedimiento. En una carta pública, argumentó que el cronograma es necesario para evitar un vacío de poder, ya que el mandato de los actuales vocales del TSE finaliza el 19 de diciembre de 2025. Según la Ley del Órgano Electoral, la convocatoria debe difundirse con una anticipación de hasta 45 días, lo que obliga a la actual legislatura a aprobar el marco legal para que la próxima pueda ejecutar el proceso de selección.

Salame desestimó las acusaciones de un tratamiento "apresurado" y aseguró que los presuntos vacíos en la norma sobre la evaluación de postulantes pueden ser subsanados mediante reglamentos específicos. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, señaló que, aunque la elección final no se concrete en esta legislatura, el proceso quedará encaminado.