Cainco advierte que los derechos ciudadanos no son moneda de cambio

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) emitió este lunes un duro pronunciamiento sobre la crisis que atraviesa nuestro país, donde los bloqueos de caminos impulsados por sectores afines al expresidente Evo Morales cumplen 32 días. La entidad empresarial sostuvo que Bolivia se encuentra negociando sobre la vida cotidiana de su propia gente y advirtió que ninguna demanda política puede justificar la vulneración de derechos fundamentales.

A través de un comunicado institucional, la organización puso el foco en las consecuencias que enfrentan miles de ciudadanos debido a las restricciones en la circulación de alimentos, combustibles y medicamentos. "Los derechos de la gente no son moneda de cambio", señala el documento, que detalla cómo familias enteras enfrentan dificultades para abastecerse, mientras niños pierden días de clases y productores no pueden comercializar sus cosechas en los mercados nacionales.

Impacto en el sector productivo y la salud

La crisis se desarrolla en un escenario de alta tensión política, con protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Según estimaciones de diversos sectores productivos, las pérdidas acumuladas en nuestro país ascienden a más de 1.500 millones de dólares debido a la paralización de la actividad económica, el encarecimiento de la logística y la interrupción de las exportaciones.

El sector farmacéutico informó que más de 50 toneladas de medicamentos permanecen retenidas en las carreteras sin poder ser distribuidas. Por su parte, los productores avícolas denunciaron la muerte de miles de aves ante la imposibilidad de transportar alimento balanceado. En ciudades como La Paz, las autoridades han tenido que organizar puentes aéreos para el traslado de insumos esenciales ante el cierre de las rutas terrestres que conectan el occidente con el resto del territorio.

Exigencia de soluciones inmediatas

En su pronunciamiento, Cainco evitó tomar posición en las negociaciones políticas, pero remarcó que existe un límite institucional que no debe ser traspasado. "La salud no puede depender de una negociación. La alimentación no puede quedar condicionada a una medida de presión", afirmó la entidad. Asimismo, calificó de inaceptable que algunas ciudades bolivianas reciban ayuda humanitaria como si fueran víctimas de un desastre natural, cuando la situación es provocada por decisiones humanas.

La organización empresarial exhortó a las autoridades y a los sectores en conflicto a traducir los intentos de diálogo en acuerdos verificables que permitan restablecer la normalidad. El sector privado advierte que, de no liberarse las vías de forma inmediata, los daños económicos y sociales podrían extenderse mucho más allá de la finalización de las medidas de presión, afectando la recuperación de nuestra economía en el corto plazo.