Denuncian estigmatización en salud y exclusión laboral de la comunidad LGTBIQ+ en Bolivia

La comunidad de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales y queer (LGTBIQ+) en Bolivia enfrenta barreras críticas marcadas por la estigmatización en el sistema de salud y una exclusión sistemática del mercado laboral formal. Así lo establece un estudio presentado este viernes por la organización Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC), que analiza la situación de los derechos de este sector en nuestro país durante el periodo 2023-2025.

Las investigaciones, basadas en grupos focales y encuestas, señalan que ocho de cada diez personas LGTBIQ+ sufren la revelación de su diagnóstico médico sin consentimiento previo. Rossy Yucra, directora del CDC, y la investigadora Claudia Espinoza explicaron que esta forma de violencia se agrava en centros de salud destinados a pacientes con VIH/sida, donde incluso se registraron casos de quema de pertenencias de los pacientes debido a la ignorancia del personal médico. Actualmente, en Bolivia existen 42.080 personas registradas con VIH/sida que dependen de estos servicios.

Deficiencias en la cobertura sanitaria

El informe subraya que el Seguro Universal de Salud (SUS) carece de atención especializada y medicamentos específicos para las necesidades de esta población. Esta omisión institucional posterga tratamientos esenciales y eleva el riesgo de complicaciones graves para los usuarios. Además, se identificó una ausencia de protocolos para la salud mental y falta de apoyo psicológico ante casos de violencia sexual.

Otro factor que aleja a los miembros del colectivo de los servicios preventivos es la falta de respeto a la identidad de género. Según el activista Andrés Mallo, el desconocimiento del nombre asumido por las personas trans en los registros médicos genera un entorno hostil que desincentiva la búsqueda de atención oportuna en los centros de salud de nuestras ciudades.

Precariedad y exclusión en el trabajo

En el ámbito económico, el estudio describe un panorama de "informalidad forzada". Los datos recolectados indican que una gran parte de la comunidad carece de acceso a empleos formales, beneficios de jubilación o seguro social. Muchos perciben ingresos inferiores al salario mínimo nacional, fijado en 3.500 bolivianos, y enfrentan entornos laborales donde prevalecen el acoso psicológico, los rumores y, en casos extremos, la violencia física.

La organización denunció que persisten los despidos injustificados por orientación sexual y el bloqueo de ascensos en las empresas. Ante este escenario, el CDC instó a las autoridades a implementar un cupo laboral obligatorio para personas trans en instituciones públicas y privadas, además de reglamentar el reconocimiento de la identidad de género en toda la documentación laboral.

Finalmente, los activistas demandaron la aplicación efectiva del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre violencia y acoso. Entre las propuestas planteadas al Estado destaca la necesidad de establecer protocolos obligatorios contra la discriminación en las empresas y sanciones severas para los actos de violencia basados en la identidad de género o la orientación sexual.