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Seguridad

El iPhone hallado en Santa Cruz es prueba clave contra Marset

La justicia estadounidense incorporó el contenido de un celular incautado en Bolivia como evidencia central contra el uruguayo. El procesado negocia un acuerdo de culpabilidad para reducir una posible condena de 20 años.

Publicado

Supuesta negociación de Marset con EE.UU. por reducción de pena

Puntos clave de la noticia:

  • La policía utilizó agentes químicos para dispersar a sectores de la COB y el magisterio en el centro paceño.
  • Los manifestantes detonaron cachorros de dinamita en su intento de ingresar a la plaza Murillo.
  • El conflicto se enmarca en el segundo día de paro general exigiendo un aumento salarial.

El contenido de un teléfono iPhone hallado en una caja fuerte durante un operativo en Santa Cruz se ha convertido en una de las pruebas fundamentales de la justicia de Estados Unidos contra el uruguayo Sebastián Marset. El dispositivo, encontrado en marzo pasado en una mansión de nuestra ciudad, fue enviado a territorio estadounidense para un peritaje especializado debido a la complejidad tecnológica que implicaba extraer la información en nuestro país.

Los investigadores federales ya cuentan con el análisis forense del equipo, el cual fue incorporado a un expediente que suma 22 GB de evidencia digital y documental. Esta carga probatoria, que equivale a más de cuatro millones de páginas de texto, es el principal factor de presión en las negociaciones que Marset mantiene con la Fiscalía estadounidense para evitar una condena de hasta 20 años de prisión por narcotráfico y lavado de activos.

El hallazgo del celular ocurrió el 13 de marzo, cuando fuerzas de seguridad allanaron la residencia del uruguayo cerca del mercado Abasto. El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, explicó que en el lugar se encontraron tres cajas fuertes y que el dispositivo móvil fue remitido de inmediato a agencias especializadas en análisis tecnológico. Según la autoridad, la información obtenida será compartida con el Estado boliviano para profundizar las investigaciones locales sobre la estructura criminal.

La presión de la evidencia digital

El avance de las pericias tecnológicas coincide con un momento crítico en el proceso judicial que se desarrolla en el Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia. La audiencia preliminar, inicialmente prevista para mayo, fue reprogramada para el 1 de julio. Este aplazamiento responde a una solicitud conjunta de la fiscalía y la defensa para negociar una eventual declaración de culpabilidad del acusado.

El fiscal federal adjunto, Anthony Aminoff, señaló que la acusación posee registros financieros, comunicaciones interceptadas en diversos idiomas y documentación obtenida mediante la cooperación judicial con Uruguay, Colombia, Bélgica y Francia. El contenido del iPhone encontrado aquí en Bolivia es considerado uno de los elementos más sensibles, ya que podría revelar contactos estratégicos, movimientos de dinero y las redes de protección que permitieron a Marset operar en la región.

La fiscalía sostiene que el uruguayo lideró una organización dedicada al envío de toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Europa. En nuestro país, las autoridades reportaron que el operativo contra esta red permitió el secuestro de bienes valuados en aproximadamente 15 millones de dólares, incluyendo seis viviendas, 16 aeronaves y vehículos de alta gama.

Negociación y repercusiones regionales

La defensa de Marset, liderada por el abogado uruguayo Santiago Moratorio y el exfiscal federal estadounidense Gene Rossi, busca reducir la pena máxima a cambio de información relevante sobre el funcionamiento de la estructura criminal. Si el acusado acepta el acuerdo, deberá detallar las operaciones financieras y logísticas de su organización a escala internacional.

El desenlace de este proceso mantiene en alerta a las instituciones de Bolivia, Paraguay y Uruguay. En estas naciones persisten investigaciones abiertas sobre los presuntos nexos políticos y financieros que facilitaron el crecimiento de la red de Marset. De no alcanzar un acuerdo, el procesado enfrentará un juicio donde, además de la privación de libertad, podría recibir multas superiores a los 500.000 dólares.