La CIDOB exige diálogo ante el aislamiento de comunidades por los bloqueos

La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (CIDOB) solicitó este viernes la instalación de un diálogo para resolver la crisis social y política que atraviesa nuestro país. La organización advirtió que los 30 días de protestas y bloqueos de carreteras han profundizado el aislamiento y la vulnerabilidad de numerosas comunidades, especialmente en el norte del departamento de La Paz.

En un comunicado oficial, la CIDOB hizo un llamado a la reflexión y a la búsqueda de soluciones pacíficas entre las organizaciones movilizadas, las autoridades del Estado y la sociedad civil. El objetivo es evitar que la confrontación continúe agravando la situación económica que afecta a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad.

Impacto en las comunidades del norte paceño

Las movilizaciones comenzaron el 1 de mayo y se intensificaron con el cierre de rutas en el altiplano desde el día seis de ese mes. Aunque el conflicto inició con demandas sectoriales, la situación derivó en la exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el cargo hace casi siete meses. Según la organización indígena, los actos de violencia y el vandalismo han dejado a muchas poblaciones prácticamente cautivas.

La CIDOB explicó que las comunidades del norte de La Paz dependen de las rutas terrestres y fluviales para abastecerse de alimentos, combustibles y medicamentos. El corte de estas vías de comunicación también ha interrumpido el acceso a servicios básicos como la atención médica y la educación, generando un escenario de incertidumbre y abandono en las zonas más alejadas.

Legitimidad y respeto al Estado de derecho

Si bien la entidad reconoció que las protestas y las demandas sociales son legítimas en un sistema democrático, subrayó que estas deben ejercerse mediante mecanismos pacíficos. La organización señaló que el derecho a la protesta no debe atentar contra la estabilidad ni convertir a los ciudadanos más pobres en víctimas de medidas de presión prolongadas.

“La protesta social debe ejercerse con responsabilidad y dentro del respeto a los derechos de terceros”, sostuvo la organización en su pronunciamiento, al reiterar que las comunidades rurales no son responsables del conflicto político actual.

Garantías constitucionales

La dirigencia indígena demandó al Gobierno nacional que, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, garantice los derechos fundamentales de la población. Esto incluye asegurar el libre tránsito, el abastecimiento de productos básicos y la seguridad física de los habitantes en las zonas afectadas por los cercos.

El pedido de la CIDOB surge en un momento de alta tensión, donde la persistencia de los bloqueos amenaza con paralizar el comercio interno y agotar las reservas de insumos críticos en las provincias que dependen de la conexión logística con los centros urbanos.