Gobierno suspende ejecución de aprehensiones contra dirigentes para facilitar el diálogo

El Gobierno nacional aseguró que no ejecutará las órdenes de aprehensión vigentes contra los dirigentes de los sectores movilizados que asistan a las mesas de negociación, con el objetivo de garantizar el desarrollo del diálogo. La medida beneficia a líderes sindicales investigados por delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo tras las recientes jornadas de violencia en nuestro país.

El ministro de la Presidencia, Sergio Lupo, afirmó que las autoridades brindarán todas las garantías necesarias para que los representantes de los sectores en conflicto puedan presentarse a las reuniones sin el riesgo de ser detenidos. "Garantizamos que durante la reunión van a poder gozar de todas las garantías para poder desarrollar de forma adecuada y encontrar las soluciones que corresponda", señaló la autoridad en una entrevista televisiva.

Procesos judiciales y condiciones de los sectores

El Ministerio Público inició investigaciones contra Vicente Salazar, dirigente de la Federación de Campesinos Tupac Katari, y Mario Argollo, líder de la Central Obrera Boliviana (COB). Los procesos se abrieron luego de las protestas que derivaron en destrozos a bienes públicos, heridos y el reporte de fallecimientos de personas enfermas que no pudieron superar los bloqueos en las carreteras de Bolivia.

Pese a que las órdenes de captura fueron emitidas por la Fiscalía y su ejecución corresponde a la Policía Boliviana, el Ejecutivo decidió priorizar la salida política. Los sectores movilizados establecieron como condición innegociable que estos mandamientos queden sin efecto antes de sentarse a negociar. Al respecto, el ministro Lupo sostuvo que, si se busca una solución para el país, carece de sentido ejecutar instrucciones judiciales en este momento.

Postura de la Presidencia

El presidente Rodrigo Paz convocó formalmente a los dirigentes a acudir al diálogo, aunque advirtió que, de persistir las medidas de presión, se aplicarán los mecanismos establecidos en la Constitución Política del Estado. Esta dualidad entre la advertencia presidencial y la oferta de garantías del Ministerio de la Presidencia busca desactivar los bloqueos que afectan la economía y el libre tránsito en el territorio nacional.

Lupo aclaró que, si bien el Gobierno puede ofrecer condiciones para el encuentro, el curso legal de las investigaciones depende del Ministerio Público. Sin embargo, la decisión política de no actuar mediante la fuerza pública marca un giro en la gestión del conflicto, mientras se espera la confirmación de los dirigentes para iniciar las conversaciones en la sede de gobierno.