Expertos debaten alcances de la Ley Brisa y la crisis judicial

El debate sobre la denominada "Ley Brisa" y sus implicaciones en el sistema penal boliviano puso de manifiesto la tensión entre la necesidad de proteger a las víctimas de violencia sexual y la preservación de las garantías constitucionales. En un reciente encuentro del espacio Diálogos al Café, especialistas analizaron el proyecto de reforma que busca ajustar nuestra legislación a estándares internacionales, tras el caso Angulo Losada vs. Bolivia sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La propuesta normativa sitúa el consentimiento como el núcleo de los delitos de violencia sexual. Según explicó la abogada y especialista en derechos humanos Mónica Bayá, el proyecto busca reconocer que la falta de voluntad explícita constituye el elemento central de la violación, ampliando las circunstancias que anulan dicho consentimiento, como el abuso de poder, la coacción o la intimidación. Bayá señaló que las estadísticas en nuestro país muestran que la mayoría de las denuncias son rechazadas por supuesta insuficiencia de indicios, lo que refleja deficiencias en la investigación fiscal.

Presunción de inocencia y desafíos probatorios

Sin embargo, el ajuste legal genera reparos entre juristas locales debido a la precariedad del sistema judicial. El abogado Carlos Derpić y la abogada Daniela Murialdo advirtieron que la dificultad para probar el consentimiento podría debilitar la presunción de inocencia. Murialdo calificó como una "prueba diabólica" la posibilidad de exigir al acusado demostrar que existió consentimiento en contextos donde no hay pruebas directas, lo que podría derivar en injusticias procesales.

Otro punto crítico es la eliminación del delito de estupro para incorporarlo en el tipo penal de violación de infante, niña, niño o adolescente. Mientras Bayá defendió que la figura actual normaliza la violencia contra menores, Murialdo alertó sobre posibles problemas de proporcionalidad penal, especialmente en relaciones consensuadas entre jóvenes con diferencias mínimas de edad. Ante esto, se aclaró que la reforma pretende mantener la regla de no criminalización para adolescentes en situaciones de mutuo acuerdo.

La debilidad institucional como obstáculo

Más allá de la redacción de la norma, el análisis coincidió en que el estado de la justicia en Bolivia representa el mayor obstáculo para cualquier reforma. Los participantes señalaron que el acceso a la justicia enfrenta limitaciones estructurales por la corrupción, la falta de especialización y la debilidad de las instituciones. En este sentido, se advirtió que nuestro país suele legislar bajo presión mediática o emocional sin fortalecer previamente las capacidades de los operadores de justicia.

"El deterioro institucional termina contaminando cualquier iniciativa legal, incluso aquellas impulsadas con buenas intenciones", coincidieron Derpić y Murialdo. La preocupación central radica en que el sistema judicial, en su estado actual, pueda producir nuevas injusticias al intentar aplicar normativas complejas sin el debido rigor técnico.

Finalmente, el debate expuso la polarización social que rodea a la Ley Brisa. Los especialistas instaron a evitar posturas binarias que descalifican las observaciones técnicas como si fueran ataques morales. El desafío para nuestras autoridades y la sociedad civil será encontrar un equilibrio que garantice la protección efectiva contra la violencia sexual sin erosionar los principios fundamentales del Estado de derecho en un sistema judicial que aún requiere reformas profundas.