Justicia suspende audiencia de Luis Arce y Fiscalía pide ampliar su detención

La justicia suspendió la audiencia de cesación a la detención preventiva del expresidente Luis Arce, luego de que la parte acusadora presentara una serie de memoriales que impidieron el desarrollo del acto procesal. Durante la sesión, se conoció que el Ministerio Público solicitó formalmente ampliar la reclusión del exmandatario por seis meses adicionales, una medida que su defensa calificó como carente de objetividad y rigor técnico.

Arce cumple detención preventiva en el penal de San Pedro, en nuestra ciudad, desde el 12 de diciembre de 2025. Se lo investiga por presuntos actos de corrupción en el liquidado Fondo Indígena, supuestamente cometidos durante su gestión como ministro de Economía. Aunque su equipo legal intentó tramitar su libertad apelando a su estado de salud en ocasiones anteriores, las autoridades judiciales rechazaron esas solicitudes.

Cuestionamientos a la labor fiscal

El abogado defensor, Fernando Rivadeneira, señaló que la solicitud de ampliación de la detención no cuenta con un sustento jurídico sólido. "Estamos a la espera de que recobre su libertad, pese a que el Ministerio Público, sin ningún criterio, ningún carácter de objetividad, ha solicitado ampliación de seis meses", dijo el jurista. El plazo de cinco meses dictado originalmente por el juez venció el 12 de mayo, razón por la cual la defensa activó el pedido de libertad por situación jurídica.

De acuerdo con Rivadeneira, el fiscal del caso debe justificar los motivos por los cuales requiere más tiempo de investigación y no ha logrado avances significativos hasta la fecha. El abogado explicó que la detención preventiva no puede prolongarse de forma automática sin que existan actos investigativos pendientes debidamente fundamentados por los acusadores.

Denuncias de instrumentalización judicial

La defensa técnica del exmandatario sostiene que el proceso ha derivado en una persecución política mediante el uso del sistema legal. Rivadeneira afirmó que se está aplicando un modelo de lawfare para mantener a su cliente en prisión. "Estamos convencidos de estos elementos, quieren asfixiarlo económicamente, quieren, si se quiere, darle un tiro de gracia políticamente", señaló el abogado ante los medios en La Paz.

Mientras se espera la fijación de una nueva fecha para la audiencia de situación jurídica, el exmandatario permanecerá recluido en el penal de San Pedro. El caso del Fondo Indígena continúa siendo uno de los procesos judiciales más complejos en nuestro país, involucrando múltiples auditorías y declaraciones de exfuncionarios sobre el manejo de recursos públicos destinados a proyectos rurales.