Diputados sancionan la abrogación de la ley que regulaba los estados de excepción

La Cámara de Diputados sancionó este martes la abrogación de la Ley 1341 de Estados de Excepción, en una sesión virtual marcada por el clima de tensión social que atraviesa nuestro país. Con el respaldo de más de dos tercios de los 123 legisladores presentes, la norma fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación, eliminando así el marco legal que regulaba y limitaba las facultades presidenciales para suspender derechos y garantías constitucionales.

El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, oficializó la decisión tras el debate en las estaciones en grande y en detalle. "Habiendo aprobado en sus dos estaciones y al ser cámara revisora queda sancionada la presente ley", señaló la autoridad legislativa al cierre de la sesión, que se reinstaló por la tarde tras un cuarto intermedio.

Alcances de la medida y posturas políticas

La Ley 1341, promulgada originalmente en 2020, establecía procedimientos estrictos, mecanismos de control legislativo y límites temporales para la aplicación de estados de excepción por parte del Gobierno. Su eliminación ocurre en un contexto de bloqueos y movilizaciones que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, lo que generó un intenso intercambio entre las bancadas oficialistas y de oposición.

Durante el debate, las posturas se dividieron entre quienes consideran que la medida es necesaria para restablecer el orden y quienes advierten sobre posibles excesos. La diputada Milka Rojas sugirió modificar la norma en lugar de abrogarla para evitar mayores conflictos. Por su parte, el diputado Manolo Rojas defendió la decisión con un tono más severo, aludiendo a la necesidad de aplicar con rigor la fuerza de la ley frente a las protestas.

El proyecto ya contaba con la aprobación de la Cámara de Senadores, que sesionó el pasado domingo en Sucre. Con la sanción definitiva en Diputados, el país queda a la espera de la promulgación por parte del Ejecutivo, lo que despeja el camino legal para que el Gobierno pueda declarar estados de excepción sin las restricciones que imponía la normativa ahora derogada.