La Defensoría y 125 instituciones exigen diálogo ante la crisis en Bolivia

La Defensoría del Pueblo y 125 instituciones de diversos sectores de la sociedad civil emitieron este sábado un pronunciamiento conjunto para exigir la apertura inmediata de un espacio de diálogo ante la crisis política y social que atraviesa nuestro país. El documento advierte que el incremento de la conflictividad y los bloqueos de caminos están comprometiendo el suministro de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal en las principales ciudades.

Las organizaciones firmantes señalaron que la falta de consensos entre los actores políticos y sociales amenaza con profundizar la crisis actual. En este contexto, hicieron un llamado directo a las autoridades nacionales y a los sectores movilizados para que prioricen mecanismos de concertación que eviten un mayor agravamiento del conflicto y protejan la estabilidad de la población.

Un llamado a la concertación plural

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó al Gobierno y a los grupos en protesta a abandonar las posturas confrontacionales. Según el funcionario, el diálogo es el único camino para alcanzar soluciones de fondo y establecer una ruta de trabajo que responda a las demandas sociales pendientes mientras se fortalece la institucionalidad democrática en Bolivia.

La convocatoria busca reunir a autoridades nacionales, departamentales y municipales, junto con líderes de organizaciones sociales, en un espacio que las instituciones calificaron como plural y respetuoso de los derechos humanos. Entre los suscriptores del documento se encuentran redes de acción social de los nueve departamentos, colectivos de mujeres, entidades de prensa y organizaciones vinculadas al ámbito campesino y ambiental.

Garantías para la mediación y la prensa

El pronunciamiento también incluyó una solicitud formal de garantías para el desempeño de los medios de comunicación y de las entidades que realizan labores de mediación, como las iglesias y la propia Defensoría. Instituciones como la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional, la Oficina Jurídica para la Mujer, CIPCA y la red UNITAS figuran entre los firmantes que respaldan este pedido de seguridad para quienes cubren o intervienen en el conflicto.

Finalmente, las organizaciones instaron al Órgano Ejecutivo a asegurar la protección de la ciudadanía y el libre tránsito en las carreteras del país. El documento concluye que cualquier salida a la coyuntura crítica debe basarse en soluciones sostenibles y de largo plazo que eviten la repetición de escenarios de violencia en nuestras ciudades.