La COB condiciona el diálogo a la anulación de órdenes de aprehensión

La Central Obrera Boliviana (COB) determinó que ninguna de sus organizaciones afiliadas asistirá a escenarios de diálogo con el Gobierno mientras no se anulen los mandamientos de aprehensión contra su secretario ejecutivo, Mario Argollo, y otros dirigentes sindicales. La decisión, asumida en un ampliado de emergencia en nuestra ciudad, exige también la liberación de todos los trabajadores detenidos durante las tres semanas de movilizaciones en nuestro país.

El instructivo del ente matriz establece que el respeto al fuero sindical es una condición innegociable para cualquier acercamiento con las autoridades. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó previamente que existe una orden de captura contra Argollo por delitos que incluyen instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y terrorismo, tras una denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno.

Situación de la dirigencia y medidas de presión

Actualmente, Mario Argollo se encuentra en la clandestinidad. A través de mensajes difundidos en redes sociales, el dirigente denunció una persecución política y ratificó la continuidad del paro indefinido y el bloqueo de carreteras. Ante este escenario, la COB resolvió que su dirigencia nacional será la única instancia autorizada para emitir comunicaciones oficiales sobre el conflicto, centralizando así la vocería del sector.

Pese al endurecimiento de la postura política, la resolución del ampliado incluyó una instrucción específica para los sectores movilizados en las rutas. La organización ordenó la habilitación inmediata de corredores humanitarios y rutas de emergencia en todos los puntos de bloqueo del país para garantizar el paso de ambulancias, insumos médicos, oxígeno medicinal y personas en situación de vulnerabilidad.

Respaldo de sectores campesinos

A esta determinación se sumó la Federación Departamental Única de Trabajadores Indígena Originario Campesinos de La Paz "Túpac Katari", que instruyó a sus bases permitir la circulación de brigadas médicas y vehículos con suministros hospitalarios. Esta medida busca mitigar el impacto de las protestas que, inicialmente enfocadas en demandas sectoriales, han derivado en el pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El conflicto, que ya cumple 21 días, mantiene una tensión elevada entre el Poder Ejecutivo y el sector sindical, sin que se vislumbre una salida institucional inmediata debido al condicionamiento judicial interpuesto por los trabajadores.