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Política

Campesinos presentan acción popular contra el Gobierno por intervención en bloqueos

La Federación Tupac Katari interpuso un recurso legal tras el operativo militar y policial que despejó rutas en La Paz y El Alto. El sector denuncia vulneración del derecho a la protesta mientras el país cumple tres semanas de cerco.

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Líder indígena se dirige a la multitud en zona urbana.
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Puntos clave de la noticia:

  • La Federación Tupac Katari presentó una acción popular contra el presidente Rodrigo Paz y su gabinete por la intervención militar y policial en los bloqueos.
  • El dirigente Vicente Salazar afirmó que usan la misma estrategia jurídica que el Ejecutivo ha empleado en más de ocho ocasiones.
  • El equipo jurídico cuestionó el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público y exigió explicaciones sobre la movilización militar.
  • La defensa demandó que la justicia actúe con la misma celeridad que en los recursos presentados por el Gobierno.
  • Los bloqueos en La Paz y El Alto provocaron escasez de alimentos, combustible y medicamentos, y los manifestantes volvieron a cerrar vías tras el operativo.

La Federación de Trabajadores Campesinos Tupac Katari presentó una acción popular contra el presidente Rodrigo Paz y su gabinete ministerial tras la intervención militar y policial ejecutada el pasado fin de semana en diversos puntos de bloqueo en nuestro país. La medida legal surge como respuesta al operativo que buscaba rehabilitar el tránsito en las ciudades de La Paz y El Alto, afectadas por un cerco que impide el suministro de productos básicos.

El dirigente del sector, Vicente Salazar, explicó que el recurso busca frenar lo que consideran una vulneración de sus derechos fundamentales. Según Salazar, el sector decidió utilizar la misma estrategia jurídica que el Ejecutivo ha empleado previamente. "El gobierno ha presentado más de ocho acciones populares, ahora nosotros también podemos usar las mismas estrategias", afirmó el representante campesino.

Cuestionamientos al uso de las Fuerzas Armadas

La madrugada del sábado 16 de mayo, efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana intervinieron los puntos de bloqueo para permitir el ingreso de alimentos, combustible y medicamentos. El operativo, denominado "Corredor humanitario: banderas blancas", se concentró en zonas críticas como Río Seco, donde se registraron aprehensiones de personas que intentaron resistir el paso del contingente.

El equipo jurídico de la federación cuestionó la participación de los militares en tareas de orden público. El abogado de los campesinos señaló que el despliegue vulneró el derecho a la protesta y exigió que el presidente Paz explique los motivos técnicos y legales para movilizar a los uniformados contra sectores populares. "Se ha vulnerado derechos sacando policías, sacando a militares a reprimir al pueblo", sostuvo el jurista ante los medios de comunicación.

La defensa de los movilizados también demandó que el sistema judicial actúe con la misma rapidez que mostró en recursos presentados por el Gobierno. Según el abogado, en casos anteriores se emitieron resoluciones y admisiones en menos de 24 horas, por lo que esperan un trato similar para esta demanda contra las autoridades nacionales.

Impacto del conflicto en la sede de Gobierno

La situación en nuestra ciudad y en El Alto es crítica tras casi tres semanas de movilizaciones que han asfixiado el abastecimiento regular. El paro indefinido ha provocado una escasez aguda de insumos médicos y carburantes, afectando la vida diaria de miles de ciudadanos. Pese a la intervención de las fuerzas de seguridad el pasado sábado, los manifestantes volvieron a cerrar algunas vías una vez que los uniformados se retiraron del lugar.

Durante el anuncio de la acción popular, Salazar mencionó el fallecimiento de dos campesinos como consecuencia de los conflictos; no obstante, informes oficiales establecieron que ambos decesos ocurrieron una semana antes de la intervención militar. Los sectores movilizados mantienen su exigencia de renuncia del mandatario, mientras el Gobierno sostiene que los operativos son necesarios para garantizar derechos colectivos como la salud y la alimentación en el país.