Lara y Doria Medina se enfrentan mientras el cerco asfixia a La Paz

El vicepresidente Edmand Lara y el líder de Unidad, Samuel Doria Medina, intercambiaron este miércoles acusaciones de sabotaje y desestabilización en medio de la crisis humanitaria que afecta a nuestro país. El conflicto político escala mientras el cerco sobre La Paz y El Alto cumple tres semanas, provocando un desabastecimiento crítico de alimentos, combustibles y suministros médicos esenciales como el oxígeno en los hospitales de nuestra sede de Gobierno.

Lara, quien fue elegido en la fórmula del presidente Rodrigo Paz, arremetió contra Doria Medina a través de comunicados oficiales de la Vicepresidencia. En los documentos, el segundo mandatario responsabilizó al empresario de la “parálisis” del Ejecutivo y de operar de forma externa para influir en el gabinete y sabotear la gestión iniciada en noviembre pasado. Según el pronunciamiento, Doria Medina habría intentado imponer su propio plan de gobierno y sembrar divisiones internas para boicotear las decisiones estatales.

La fractura en el Poder Ejecutivo

El tono de los mensajes refleja la profundidad de la ruptura dentro de la administración de Paz. Aunque Lara llegó al poder como aliado del actual presidente, se distanció de las decisiones oficiales poco después de asumir el cargo. En las últimas semanas, el vicepresidente adoptó una postura crítica que lo posicionó como una figura de oposición interna, cuestionando abiertamente el rumbo de nuestras autoridades frente a la conflictividad social.

La respuesta de Samuel Doria Medina no tardó en llegar. El líder de Unidad, cuya organización política es la tercera fuerza con representación en la Asamblea Legislativa, rechazó las acusaciones mediante sus redes sociales. “Yo no desestabilizo, porque soy un demócrata”, señaló el político, quien devolvió las críticas cuestionando la capacidad de gestión de Lara. Doria Medina sostuvo que sus advertencias sobre la necesidad de corregir el rumbo económico fueron ignoradas sistemáticamente por el entorno gubernamental.

“Dije desde hace mucho que había que resolver la crisis los primeros 100 días. No era un capricho”, afirmó el empresario. El cruce de declaraciones ocurre en un escenario de alta tensión, donde sectores movilizados exigen la renuncia del gobierno elegido hace seis meses. Aunque Lara negó ser parte de un plan golpista, varios de los grupos que mantienen los bloqueos de carreteras le han expresado su respaldo público, lo que alimenta las sospechas de una alianza táctica con los sectores más radicales.

Impacto humanitario y presión política

Mientras la disputa verbal se intensifica en las esferas de poder, la situación en las calles de La Paz y El Alto es crítica. El cerco que rodea a estas ciudades impide el ingreso de productos básicos, lo que ha disparado los precios y vaciado los mercados locales. El sistema de salud se encuentra en alerta máxima debido a la dificultad para transportar oxígeno y medicamentos, un factor que agrava la vulnerabilidad de la población civil ante la falta de soluciones efectivas por parte del Estado.

A esta presión se sumó la postura del expresidente Evo Morales, quien recientemente pidió el adelanto de elecciones generales para un plazo de 90 días. Esta demanda coincide con el momento de mayor debilidad política del presidente Rodrigo Paz, quien intenta mantener la cohesión de su administración frente a los ataques que provienen tanto de su propio vicepresidente como de la oposición tradicional.

Para intentar desactivar el conflicto, el presidente Paz anunció que realizará ajustes en su gabinete ministerial. Esta medida se complementará con la conformación de un Consejo Político y Social que podría sesionar este fin de semana con el objetivo de establecer una mesa de diálogo con los sectores en conflicto. El jefe de Estado aseguró que su administración no ha cerrado las puertas a la negociación, aunque el éxito de esta convocatoria dependerá de la voluntad de los actores que hoy mantienen paralizado el tránsito en las principales rutas de Bolivia.