La crisis política se agrava en Bolivia con bloqueos y pedidos de renuncia

El gobierno de Rodrigo Paz enfrenta su crisis más severa desde que asumió el mando hace seis meses, marcada por una escalada de protestas que han pasado de demandas sectoriales a la exigencia directa de su renuncia. Los bloqueos de carreteras y los enfrentamientos violentos en nuestra ciudad y en El Alto han profundizado la inestabilidad política, mientras la economía nacional sufre el impacto de una inflación acumulada que alcanzó el 14,18% a abril de este año.

Lo que comenzó como una marcha de sectores indígenas de la Amazonía contra la Ley 1720 de tierras se transformó en un conflicto multidimensional. Aunque el Ejecutivo abrogó dicha norma el 13 de mayo para frenar el avance de los manifestantes de Pando, la medida no logró desactivar el descontento de otros sectores. La Central Obrera Boliviana (COB) mantiene una presión constante con demandas que incluyen un incremento salarial del 20%, una cifra lejana a las posibilidades fiscales actuales, dado que la inflación anual en 2025 cerró en un 20,4%.

De las demandas sociales al pacto político

El conflicto dio un giro crítico el 6 de mayo, cuando el líder de la COB, Mario Argollo, y la Federación de Campesinos Tupac Katari firmaron un pacto para forzar la dimisión del mandatario. Esta alianza ha paralizado las rutas principales que conectan a nuestro país con Perú y Chile, afectando el suministro de insumos básicos y el comercio exterior. Ante esta situación, la Fiscalía emitió órdenes de aprehensión contra los dirigentes de las movilizaciones, bajo cargos de instigación pública a delinquir y terrorismo.

El gobierno ha señalado directamente al expresidente Evo Morales como el instigador de estas movilizaciones. El 11 de mayo, una marcha de seguidores de Morales partió desde Caracollo hacia La Paz para exigir la salida de Paz, coincidiendo con un proceso judicial que enfrenta el exmandatario por presunta trata de personas. Las autoridades locales responsabilizan a los bloqueadores por la muerte de tres personas que no pudieron recibir atención médica debido al cierre de vías.

Respaldo externo y tensión diplomática

En el ámbito internacional, la administración de Paz ha recibido el apoyo de varios gobiernos de la región y de Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó las protestas como un intento de golpe de Estado. "Estados Unidos apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia", afirmó Rubio, vinculando las movilizaciones con intereses criminales.

Sin embargo, la postura del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien describió los hechos como una "insurrección popular", provocó una ruptura diplomática que derivó en la expulsión de la embajadora colombiana en La Paz. El presidente Paz calificó las declaraciones de Petro como una injerencia inaceptable en los asuntos internos de nuestro país.

A pesar del despliegue policial y militar para habilitar corredores humanitarios el pasado 16 de mayo, los manifestantes han retomado los puntos de bloqueo. La jornada del 18 de mayo fue especialmente violenta en el centro paceño, dejando un saldo de más de 120 detenidos y cuantiosos daños en propiedad pública. El mandatario ha anunciado un reordenamiento de su gabinete, pero mantiene una postura firme de no dialogar con quienes considera responsables de los actos vandálicos.