Expertos advierten un repunte del racismo ante la polarización política en Bolivia

La intensificación de la conflictividad política y social en nuestro país ha reactivado expresiones de racismo, discriminación y estigmatización que hoy resurgen en las calles, las redes sociales y el discurso público. Analistas y defensores de derechos humanos señalaron que la crisis actual no solo representa una disputa por el poder, sino que evidencia fracturas históricas que continúan afectando la convivencia entre los bolivianos.

Yolanda Herrera, vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), explicó que las muestras de odio observadas durante las recientes protestas son síntomas de una "herida histórica" vinculada a la colonialidad del poder y a las jerarquías sociales que persisten en nuestra sociedad. Según la representante, estas tensiones reflejan problemas estructurales que el Estado y la sociedad civil aún no han logrado resolver de manera definitiva.

Del racismo tradicional al clasismo

El análisis de la APDHB sugiere que la naturaleza de estas expresiones ha evolucionado. Mientras que en décadas pasadas el racismo se presentaba de forma directa entre sectores urbanos y poblaciones indígenas, Herrera señaló que hoy adopta matices más complejos relacionados con el clasismo. Esta transición implica una deslegitimación de las demandas de los sectores populares, especialmente cuando sus movilizaciones afectan la dinámica económica o la movilidad en los centros urbanos.

La estigmatización se ha trasladado con fuerza al entorno digital. En las redes sociales, el debate político suele derivar en ataques personales basados en el origen étnico o la condición socioeconómica de los actores involucrados. Para los expertos, este fenómeno profundiza la polarización y dificulta la construcción de consensos mínimos necesarios para superar la crisis institucional que atraviesa el país.

A pesar de que en Bolivia rige la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación desde el año 2010, su aplicación efectiva ha sido cuestionada por diversos sectores. La normativa, que establece sanciones penales para actos de odio, no ha logrado frenar la propagación de discursos discriminatorios en momentos de alta tensión política. Aquí en La Paz, la sede de gobierno, la confrontación entre grupos civiles ha dejado en evidencia que las leyes por sí solas son insuficientes si no van acompañadas de procesos de educación y reconciliación social.

El papel de los líderes de opinión y representantes públicos es crítico. Cuando el lenguaje oficial o de la oposición utiliza términos que segregan a la población por su procedencia geográfica o su nivel de instrucción, se valida el prejuicio en la base social. Esta validación facilita que la protesta legítima sea interpretada por el adversario no como una demanda ciudadana, sino como un ataque de un grupo social contra otro, lo que cierra las puertas al diálogo democrático.

El escenario actual plantea desafíos urgentes para las instituciones bolivianas. La persistencia de estas conductas no solo amenaza la cohesión social, sino que también vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos involucrados en el conflicto. La resolución de la crisis política requerirá, según los analistas, un abordaje que trascienda lo electoral y atienda las causas profundas de la exclusión y el prejuicio en Bolivia.