Constitucionalistas exhortan al diálogo y rechazan violencia para alterar el orden constitucional

La Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (ABEC) exhortó este miércoles al gobierno y a los sectores movilizados a priorizar el diálogo para resolver la crisis social en nuestro país. El organismo, que agrupa a juristas de trayectoria, rechazó cualquier forma de violencia destinada a alterar el orden constitucional y solicitó a las autoridades nacionales activar los mecanismos legales necesarios para restablecer la institucionalidad.

En un pronunciamiento público, la institución presidida por la abogada Eliana Roca señaló que, si bien el derecho a la protesta es un derecho humano fundamental derivado de la libertad de expresión, este no tiene un carácter absoluto. Según el documento, el ejercicio de la protesta debe realizarse de forma pacífica, respetando la normativa vigente y sin vulnerar los derechos de terceros.

Límites al derecho a la protesta

Los juristas consideraron que los actos de violencia registrados recientemente, que incluyen ataques y amenazas a ciudadanos en nuestra ciudad de La Paz, vulneran derechos básicos como la vida, la salud, la integridad física y la alimentación. La ABEC enfatizó que estas acciones atentan directamente contra el Estado de derecho y el sistema democrático en Bolivia.

El pronunciamiento hace referencia a que, pese a las convocatorias al diálogo promovidas por el gobierno, persisten grupos que buscan resquebrajar el orden establecido. La Academia denunció que el cerco a La Paz impide el ingreso de insumos vitales como alimentos, medicinas, oxígeno y combustible, lo que podría constituir delitos de gravedad internacional.

Llamado a las autoridades

La institución reafirmó la vigencia del Estado constitucional de derecho y los principios de una cultura de paz. En ese sentido, instó a las autoridades nacionales y departamentales a asumir medidas eficaces para superar la crisis y proteger a la población afectada por los bloqueos y las medidas de hecho.

"Rechazamos toda forma de violencia que quiera alterar el orden constitucional", señala el documento de la ABEC. Los constitucionalistas concluyeron que es imperativo que las autoridades llamadas por ley inicien acciones en el marco de sus funciones establecidas en la Constitución Política del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar colectivo en todo el territorio nacional.