Analista advierte que el delito de sedición carece de vigencia legal en Bolivia

El investigador y analista Manuel Morales cuestionó las advertencias judiciales emitidas por el gobierno del presidente Rodrigo Paz contra dirigentes de sectores movilizados en nuestro país. Morales recordó que el delito de sedición fue eliminado del Código Penal boliviano en 2022, por lo que cualquier intento de utilizar esta figura jurídica para procesar a manifestantes carece de sustento legal vigente.

Según el analista, el Ejecutivo intenta trasladar el conflicto social hacia un escenario de supuesta conspiración y desestabilización. Esta estrategia buscaría evitar respuestas directas a las demandas de los sectores sociales, las cuales están centradas en la crisis económica, las dificultades en el abastecimiento de combustibles y otras exigencias gremiales que afectan la vida diaria en Bolivia.

La eliminación de la sedición en el marco legal

La figura de la sedición fue expulsada del ordenamiento jurídico nacional tras una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, que determinó que dicho tipo penal vulneraba derechos fundamentales y se prestaba a persecuciones políticas. Morales destacó que la desaparición de este delito constituye una conquista de la ciudadanía frente a prácticas autoritarias que caracterizaron a gestiones pasadas en nuestro país.

"La sedición fue eliminada del Código Penal y su desaparición constituye una conquista de la ciudadanía frente a prácticas autoritarias que marcaron distintos gobiernos", dijo Morales en declaraciones a la agencia ANF. El analista subrayó que las autoridades actuales no pueden reactivar un cargo inexistente para frenar las protestas que surgen desde diversos sectores de la sociedad boliviana.

Contexto de la conflictividad social

Las declaraciones de Morales se producen en un momento de creciente tensión, donde varios grupos han anunciado medidas de presión debido a la situación financiera y logística del país. El gobierno ha respondido con advertencias de procesos penales, lo que ha generado críticas por parte de juristas y observadores que ven un intento de judicializar el derecho a la protesta.

Hasta el momento, las autoridades del Ministerio de Justicia no han emitido un pronunciamiento técnico que aclare bajo qué tipos penales se sustentarían las posibles demandas contra los dirigentes. El debate sobre el uso de la justicia en conflictos sociales permanece como un punto crítico en la agenda política nacional, mientras los sectores movilizados mantienen sus exigencias ante la falta de soluciones estructurales a la crisis.