Violencia y vandalismo en La Paz dejan heridos y daños materiales

El centro de nuestra ciudad vivió el lunes una jornada de violencia y vandalismo que dejó un número indeterminado de heridos, saqueos y destrozos en bienes públicos y privados. Las movilizaciones, protagonizadas por grupos afines al expresidente Evo Morales y sectores de la Central Obrera Boliviana (COB), exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el cargo hace seis meses.

Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio Público admitió una denuncia contra el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y otros dirigentes que encabezan las protestas. La Fiscalía General del Estado emitió mandamientos de aprehensión, incluyendo al senador suplente Nilton Condori, bajo cargos de terrorismo e instigación a la violencia. Condori, a través de medios digitales, informó que se encuentra a buen recaudo pero negó tener temor ante el proceso judicial.

Impacto en la seguridad y servicios públicos

Los grupos movilizados ingresaron al centro paceño desde distintos puntos con el objetivo de cercar la Plaza Murillo y tomar la Casa Grande del Pueblo. La columna más numerosa descendió desde El Alto, integrada por sectores que marcharon desde Oruro y miembros de los Ponchos Rojos. Durante el trayecto, los manifestantes utilizaron dinamita, piedras y palos para enfrentar a la Policía, que respondió con gases lacrimógenos para contener a la turba.

La violencia afectó directamente a la infraestructura de transporte y servicios. Al menos cuatro estaciones de la empresa estatal Mi Teleférico fueron atacadas y saqueadas, lo que obligó a la suspensión del servicio en La Paz y El Alto. Asimismo, se reportaron daños en el Tribunal Departamental de Justicia y ataques contra vehículos de transporte público y negocios particulares. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que las protestas buscaban provocar víctimas fatales y confirmó que existen personas detenidas por portación de armas.

Crisis humanitaria y procesos penales

La situación en nuestro país se agrava por las casi tres semanas de cerco que sufre La Paz, lo que ha provocado el desabastecimiento de alimentos y medicamentos. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, afirmó que el bloqueo de suministros esenciales y la muerte de tres personas durante las movilizaciones pueden considerarse crímenes de lesa humanidad. Según el fiscal general, Róger Mariaca, existen casi 100 personas bajo investigación por los bloqueos en distintos puntos del territorio nacional.

Los delitos que se investigan incluyen instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, destrucción de bienes del Estado y atentados contra la seguridad de los servicios públicos. Entre los afectados por la violencia se encuentran periodistas, trabajadores de la prensa y efectivos policiales. Un uniformado que custodiaba la línea Celeste del teleférico fue brutalmente golpeado y quedó inconsciente tras el ingreso de una turba al lugar.

Llamado al diálogo y mediación

Diversas instituciones de la sociedad civil, entre ellas la Iglesia católica, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Defensoría del Pueblo, realizaron un llamado urgente a la pacificación. Estas entidades se ofrecieron como mediadoras para establecer una mesa de negociación entre el Ejecutivo y los sectores en conflicto. El canciller Fernando Aramayo sostuvo que el gobierno mantiene la apertura al diálogo, aunque cuestionó la viabilidad de negociar con grupos que exigen el derrocamiento de las autoridades constituidas.