Presentan recurso ante el TCP para frenar decreto de dotación de tierras

Una acción de inconstitucionalidad abstracta presentada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) busca frenar la aplicación del Decreto Supremo 5613, promulgado por el gobierno del presidente Rodrigo Paz. El recurso legal argumenta que la norma vulnera derechos constitucionales y pone en riesgo la estabilidad de las concesiones forestales en los departamentos de Pando y Beni, en el norte de nuestro país.

El recurso, respaldado por la Asociación Agroindustrial de Recursos Naturales del Río Manuripi Pando, surge en un contexto de creciente tensión en la Amazonía boliviana. Sectores campesinos, indígenas y forestales han denunciado que la normativa podría facilitar avasallamientos y provocar un incremento en la deforestación de la región. El decreto establece lineamientos para la dotación y titulación de tierras, priorizando a comunidades que hayan solicitado asentamientos formales.

Cuestionamientos a la legalidad de la norma

La acción presentada ante el TCP solicita la declaratoria de inconstitucionalidad total del decreto con efecto abrogatorio. Los demandantes sostienen que el Ejecutivo emitió la norma sin una ley especial que la respalde, lo que contravendría el artículo 390 de la Constitución Política del Estado. Según el documento, se estarían vulnerando derechos adquiridos, el debido proceso y la seguridad jurídica de concesionarios forestales y barraqueros.

Alfonso Almaraz, presidente de los castañeros de Pando, cuestionó que la normativa permita afectar derechos forestales mediante informes técnicos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), omitiendo los procedimientos de la Ley Forestal 1700. "Con estos mecanismos lo que buscan es avanzar en profundizar el proceso de despojo de tierra", afirmó el dirigente.

Impacto en el sector forestal y ambiental

Uno de los puntos de mayor controversia es el artículo cuarto del decreto, que habilita la dotación de tierras calificadas como "fiscales no disponibles". Esta categoría incluye áreas que actualmente se superponen con concesiones forestales o zonas bajo restricciones legales. Asimismo, el artículo quinto instruye a la ABT a revisar todas las concesiones en un plazo de 90 días para verificar su compatibilidad con el Plan de Uso del Suelo (PLUS).

Ante esta situación, la Cámara Forestal de Bolivia se declaró en estado de emergencia, advirtiendo que la medida incentiva el cambio de uso de suelo. Por su parte, el Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz exigió la abrogación inmediata de la disposición, mientras que el Consejo Boliviano para la Certificación Forestal Voluntaria alertó sobre los riesgos para el manejo sostenible y el posible aumento de los incendios forestales en el territorio nacional.

La resolución del Tribunal Constitucional determinará el futuro de la política de tierras en la región amazónica, en un momento donde la presión sobre los recursos naturales de Bolivia genera posturas enfrentadas entre el sector productivo y las políticas de asentamiento del gobierno.