Gustavo Petro pide a Estados Unidos evitar acciones contra Evo Morales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó formalmente al gobierno de Estados Unidos que desista de cualquier acción contra Evo Morales, al advertir que una medida de esa naturaleza podría desencadenar un conflicto violento en América Latina. La declaración del mandatario colombiano se produce en un momento de alta tensión política en nuestro país, donde Morales enfrenta procesos judiciales y se encuentra resguardado por sus bases sindicales en el departamento de Cochabamba.

Petro calificó a Morales como un "expresidente legítimo y dirigente indígena" a través de sus canales oficiales. En su mensaje, el jefe de Estado colombiano instó a las autoridades estadounidenses a no confundir las movilizaciones de los sectores campesinos productores de hoja de coca con actividades vinculadas al narcotráfico. Esta postura internacional busca frenar lo que Morales ha denunciado como un plan de captura coordinado desde el exterior.

Las denuncias de intervención externa

El expresidente boliviano sostuvo recientemente que existe un operativo en su contra orquestado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. Según Morales, este intento de captura habría ocurrido durante la gestión 2024, en medio de las disputas internas que atraviesa el partido de gobierno en Bolivia. Estas afirmaciones han sido utilizadas por su entorno para reforzar la narrativa de una persecución internacional que trasciende las fronteras de nuestro país.

La defensa de Morales ha utilizado estos argumentos para justificar su permanencia en el trópico de Cochabamba, donde sus seguidores mantienen una vigilancia constante para evitar su detención. Sin embargo, desde el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía General se ha reiterado que los procesos en su contra responden estrictamente a delitos comunes y no a una estrategia de proscripción política o intervención extranjera.

Cargos por trata y tráfico de personas

La situación legal de Morales en nuestro país se agravó tras la apertura de una investigación por presunta trata y tráfico de personas. Las autoridades judiciales lo acusan de haber mantenido una relación con una menor de edad durante su mandato presidencial, fruto de la cual habría nacido una hija. Este caso ha generado una profunda división en la opinión pública boliviana y ha puesto a prueba la independencia del sistema judicial.

A pesar de las órdenes de comparecencia emitidas por el Ministerio Público, el exmandatario no se ha presentado ante los tribunales, lo que derivó en su actual condición de prófugo de la justicia boliviana. El gobierno colombiano, al intervenir en el asunto, introduce un componente diplomático a un caso que, para los fiscales locales, debe resolverse bajo las leyes nacionales. El desenlace de esta tensión dependerá de la respuesta de Washington y de la capacidad de las autoridades para ejecutar los mandamientos judiciales en una zona de alta influencia sindical.