Fiscalía ordena la aprehensión de cuatro dirigentes y un senador por terrorismo

El Ministerio Público inició una investigación penal y emitió órdenes de aprehensión contra cuatro dirigentes campesinos y vecinales, además del senador suplente Nilton Condori, por la presunta comisión de seis delitos durante las recientes movilizaciones en nuestro país. La resolución de la Fiscalía se fundamenta en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, tras una denuncia interpuesta por el Ministerio de Gobierno.

Los sindicados en este proceso son el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), David Quispe Machaca; el dirigente de Puerto Acosta, Juan Héctor Huacani; el vicepresidente de las juntas vecinales, Justino Apaza Calizaya; el dirigente de El Alto, Winston Gemio Quispe, y el legislador Nilton Condori. La investigación abarca los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, financiamiento al terrorismo y atentados contra la seguridad de los servicios públicos y medios de transporte.

Alcance de las investigaciones

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que las medidas legales también alcanzan al dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo. Según la resolución fiscal, los acusados instaron a sus sectores a bloquear carreteras para presionar al gobierno en la atención de un pliego petitorio que inicialmente demandaba un incremento salarial del 30% y la atención de más de 100 puntos reivindicativos.

De acuerdo con el informe oficial, las movilizaciones se agravaron hace dos semanas, concentrándose principalmente en el departamento de La Paz. Esta situación provocó el aislamiento de nuestra sede de gobierno del resto del país, lo que derivó en un severo desabastecimiento de alimentos, medicamentos, oxígeno y combustible, afectando la vida diaria de miles de ciudadanos.

Cambio en las demandas sociales

La investigación fiscal señala que la naturaleza de las protestas cambió en los últimos días. La entidad sindical dejó de lado las peticiones económicas para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Según los antecedentes del caso, el senador suplente, la COB y el sector de los "Ponchos Rojos" habrían sellado una alianza con el objetivo de interrumpir el mandato del jefe de Estado.

Las autoridades policiales tienen ahora la instrucción de ejecutar las órdenes de aprehensión para que los involucrados presten sus declaraciones informativas. El Ministerio Público evaluará las medidas cautelares correspondientes una vez que los sindicados sean puestos a disposición del control jurisdiccional.