Comité pro Santa Cruz denuncia golpe y genocidio alimenticio por bloqueos

El Comité pro Santa Cruz denunció este lunes la existencia de un intento de golpe de Estado y un genocidio alimenticio derivado de los bloqueos de carreteras que persisten en diversas regiones de nuestro país. El presidente de la institución cívica, Stello Cochamanidis, exigió al Órgano Ejecutivo el cumplimiento estricto de la ley para frenar las movilizaciones que cumplen casi 20 días.

Durante una conferencia de prensa, Cochamanidis afirmó que Bolivia atraviesa días críticos debido a las protestas que exigen la renuncia del presidente. El dirigente defendió la continuidad del mandato constitucional al señalar que las urnas decidieron quién debía conducir el país por cinco años y que la democracia no puede ser interrumpida por sectores que calificó como grupos subversivos y sediciosos.

Impacto en el abastecimiento y seguridad

La dirigencia cívica enfatizó que las medidas de presión afectan directamente el suministro de productos básicos y carburantes en las principales ciudades bolivianas. Cochamanidis señaló que no se puede tolerar que grupos minúsculos impidan la llegada de comida a La Paz y otros centros urbanos, calificando la situación como un atentado contra la subsistencia de la población.

El líder cívico también cuestionó el uso de explosivos durante las jornadas de protesta. "La ley está para cumplirse, la ley no se negocia. Estas personas que quieren desestabilizar el país, estos delincuentes, terroristas en su actuar, deben ser sancionados conforme a ley", dijo el representante cruceño, quien además responsabilizó directamente a Evo Morales por los daños ocasionados a la economía nacional.

Acciones de la Asamblea de la Cruceñidad

Ante el agravamiento del conflicto, Cochamanidis anunció que la Asamblea de la Cruceñidad se reunirá para analizar medidas en defensa de la libertad y el estado de derecho. El Comité considera que el Gobierno tiene la obligación de garantizar la seguridad ciudadana y el libre tránsito en todo el territorio nacional, sin espacio para negociaciones con quienes incurren en delitos de sedición.

El pronunciamiento surge en un momento de alta tensión política, donde el desabastecimiento de combustible y el incremento en los precios de la canasta familiar han comenzado a generar malestar en diversos estratos de nuestra sociedad. Las autoridades cívicas cruceñas reiteraron que la ley no se negocia y que los responsables de la violencia deben enfrentar procesos judiciales inmediatos.