Leonardo Roca denuncia a Nilton Condori por faltas éticas y sedición

El senador de la bancada de Libre, Leonardo Roca, presentó este viernes una denuncia formal ante la presidencia de la Cámara Alta contra el senador Nilton Condori, de Alianza Unidad, por presuntas faltas éticas y actuaciones contrarias a la institucionalidad democrática. Roca fundamentó la acusación en supuestos acuerdos que Condori habría suscrito con sectores movilizados para desestabilizar al gobierno constitucional.

A través de sus canales oficiales, Roca afirmó que su colega firmó pactos con grupos violentos con el objetivo de derrocar al presidente. Según el legislador, estas acciones no constituyen actividad política sino sedición, un delito que, aseguró, debe tener consecuencias legales inmediatas. La denuncia se basa en los artículos 8, 108 y 232 de la Constitución Política del Estado, además de los reglamentos internos de la Cámara de Senadores en nuestro país.

Solicitud ante la Comisión de Ética

El documento presentado pide que la Comisión de Ética actúe con celeridad para emitir una resolución sobre el caso. Roca sostuvo que un legislador que conspira contra el orden democrático desde su curul no merece ocupar el escaño otorgado por el voto popular. "La democracia se defiende con hechos y no con discursos", señaló el senador al confirmar que el proceso administrativo ya se encuentra en curso en la Asamblea Legislativa.

La denuncia contra Condori ocurre en un clima de alta tensión política aquí en La Paz. El senador de Alianza Unidad fue increpado recientemente en las instalaciones de la Asamblea tras participar en un cabildo que no contó con el aval del Tribunal Supremo Electoral por incumplir requisitos técnicos. Las críticas contra Condori se han intensificado tras su aparición en actos públicos donde se cuestiona la continuidad del actual mandato presidencial.

Contexto de las movilizaciones

Desde hace dos semanas, diversos sectores sociales impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB) han radicalizado sus medidas de presión en el territorio nacional. Aunque el Ejecutivo ha atendido demandas específicas, como la abrogación de la Ley 1720 que afectaba a campesinos de Pando y Beni y la regularización del suministro de combustible, las protestas persisten en ciertos núcleos urbanos y rurales.

Grupos de maestros rurales y sectores de los ponchos rojos mantienen una postura de confrontación y exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El jueves, nuestra ciudad fue escenario de enfrentamientos violentos protagonizados por mineros y docentes, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar la vigilancia en el centro paceño. El gobierno ha reiterado su disposición al diálogo, mientras las denuncias por conspiración comienzan a tramitarse en el ámbito legislativo.