Justicia ordena levantar bloqueos y exige al Gobierno garantizar el libre tránsito

La Sala Constitucional Segunda de La Paz ordenó este viernes el cese inmediato de los bloqueos de carreteras que afectan el suministro de alimentos y medicamentos en nuestro país. El fallo judicial, emitido tras una acción popular, establece que las medidas de presión que impiden el libre tránsito son inconstitucionales e instruye al Gobierno nacional a ejecutar las acciones necesarias para restablecer la circulación en las rutas estratégicas.

La resolución judicial reparte responsabilidades entre los sectores movilizados y el Órgano Ejecutivo. Por un lado, exige a los movimientos sociales levantar las medidas de fuerza y, por otro, conmina a las autoridades a buscar mecanismos de solución que prioricen el diálogo. Sin embargo, la justicia también advirtió que, de persistir la obstrucción de vías, se deberán individualizar los delitos cometidos por los responsables.

Amilcar Barral, exdiputado y promotor de la acción popular, explicó los alcances de la determinación tras la audiencia virtual. "La justicia está ordenando a todos los movimientos sociales que tienen que levantar sus bloqueos. Si impiden el paso de alimentos, de medicamentos o de personas, son ilegales e inconstitucionales", señaló Barral. Asimismo, precisó que el gobierno debe buscar mecanismos pacíficos para liberar las rutas, pero bajo la advertencia de identificar responsabilidades penales si la situación se mantiene.

Impacto en el abastecimiento y alcance de la medida

Las movilizaciones en las rutas de acceso a la sede de Gobierno cumplen dos semanas, lo que ha generado un desabastecimiento crítico de productos básicos y combustible en nuestra ciudad. La escasez ha provocado un incremento generalizado en los precios de la canasta familiar, afectando la economía de los hogares paceños y de las regiones aledañas.

Durante la audiencia, participaron representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), cuyos abogados defendieron la legitimidad de las protestas. No obstante, el tribunal determinó que el derecho a la protesta no puede vulnerar derechos fundamentales de la colectividad, como la salud y la alimentación.

Actualmente, las vías que conectan a La Paz con el resto del país permanecen cerradas, con una expansión de los conflictos hacia los departamentos de Oruro y Potosí. En contraste, en Cochabamba la intensidad de las medidas es menor, permitiendo una conexión parcial con Santa Cruz y Chuquisaca. La situación se agravó este viernes con la instalación de un nuevo punto de bloqueo en la salida de La Paz, que dificulta el acceso al aeropuerto internacional de El Alto.

El cumplimiento de este fallo judicial pone a prueba la capacidad de gestión del conflicto por parte de nuestras autoridades, quienes hasta ahora habían apostado por negociaciones sectoriales sin lograr despejar las carreteras troncales. La resolución de la Sala Constitucional marca un precedente legal que obliga a una intervención más directa para normalizar las actividades en el territorio nacional.