Gobierno investiga salida del país del expresidente de YPFB Yussef Akly

El Ministerio de Gobierno instruyó este viernes una investigación exhaustiva para identificar a los funcionarios que permitieron la salida del país del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly. Según las autoridades, el exejecutivo habría vulnerado la Ley 1352, que obliga a las exautoridades del nivel central a permanecer en territorio nacional durante los seis meses posteriores a la conclusión de sus funciones.

La denuncia fue oficializada mediante un comunicado en el que el Ejecutivo sostiene que la salida de Akly hacia Estados Unidos incumple la normativa de permanencia obligatoria, diseñada para garantizar la disponibilidad de exfuncionarios ante procesos de fiscalización o rendición de cuentas. El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección General de Migración, busca establecer responsabilidades entre los servidores públicos que hubieran omitido los controles correspondientes.

La respuesta del exejecutivo

Desde Estados Unidos, Yussef Akly rechazó las acusaciones de fuga y aseguró que su viaje responde a un asunto de acompañamiento familiar por motivos médicos. En declaraciones a la prensa local, el exfuncionario afirmó que su salida no fue irregular y que tiene programado retornar al país este fin de semana. "No estoy en huida, no estoy en escapada. Soy una persona seria y profesional", señaló Akly, quien explicó que ha cumplido con los requerimientos de información en los procesos donde ha sido convocado como testigo.

Akly asumió la presidencia de la estatal petrolera el 10 de noviembre de 2025 y dejó el cargo el pasado 30 de marzo. Su gestión estuvo marcada por la crisis de provisión de carburantes y denuncias sobre la comercialización de gasolina de baja calidad que afectó a vehículos en diversas regiones. Con su salida, Akly se convierte en el segundo expresidente de YPFB en abandonar el país recientemente, tras el caso de Armin Dorgathen.

Contexto institucional y legal

La Ley 1352, citada por el gobierno, establece un arraigo automático para altos cargos con el fin de asegurar su presencia durante auditorías e investigaciones administrativas. El Ministerio de Gobierno advirtió que no tolerará actos de encubrimiento ni otorgará privilegios por razones políticas. "El cumplimiento de la ley debe aplicarse sin excepción y con el mismo rigor para todos", dicta el documento oficial.

El caso surge en un momento de alta sensibilidad para el sector energético, debido a las presiones sobre la importación de combustibles y los cuestionamientos a la transparencia en los contratos de adquisición de crudo. La fiscalía mantiene abiertas investigaciones sobre presuntos sobreprecios y la calidad de los hidrocarburos importados durante la gestión de Akly, procesos en los que el exejecutivo asegura haber participado activamente antes de su viaje.