Enfrentamientos en La Paz entre la policía y sectores de la COB

La policía utilizó gases lacrimógenos este miércoles para dispersar a manifestantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y el magisterio urbano que intentaron ingresar por la fuerza a la plaza Murillo de La Paz. Los enfrentamientos se registraron en los accesos al centro político, donde los movilizados atacaron los cordones de seguridad con petardos, piedras y tomates.

El conflicto escaló pasado el mediodía en las intersecciones de las calles Potosí, Yanacocha y Socabaya. Según reportes desde el lugar, los manifestantes detonaron al menos un cachorro de dinamita, lo que provocó el repliegue momentáneo de los transeúntes antes de la intervención policial con agentes químicos. Los sectores movilizados cumplen el segundo día de un paro general indefinido declarado el 1 de mayo.

Demandas salariales y nuevos sectores

La principal exigencia de la COB es la atención a un pliego petitorio que incluye 211 puntos, entre los que destaca un incremento salarial del 20 por ciento. El gobierno ha señalado que esta cifra es inviable debido a la situación económica actual. A las protestas de los trabajadores y maestros se sumaron este miércoles grupos de la marcha indígena y campesina, quienes manifestaron su rechazo a la Ley 1720.

Un representante del magisterio urbano afirmó que el sector permanecerá en las calles hasta las “últimas consecuencias” y condicionó cualquier acercamiento a una reunión directa con el presidente. "No dialogaremos si no es con el propio presidente Rodrigo Paz", señaló el dirigente durante la movilización en la calle Potosí.

Mientras se producían los disturbios en los alrededores de la plaza Murillo, el presidente Paz mantenía una reunión en la Casa Grande del Pueblo con dirigentes del sector del transporte, que sostiene un conflicto paralelo con el Ejecutivo. Las autoridades no han emitido un reporte oficial sobre heridos o detenciones tras la jornada de violencia.

El resguardo policial en el kilómetro cero se mantiene reforzado ante el anuncio de nuevas marchas. La administración estatal sostiene que el pliego de la COB debe ser analizado bajo criterios de sostenibilidad financiera, mientras que los sindicatos ratificaron la continuidad de las medidas de presión en la sede de gobierno.