El Tribunal Supremo de Justicia solicita apoyo internacional tras el asesinato de un magistrado

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, se reunió el miércoles con representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para solicitar garantías de seguridad tras el asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure. El hecho, ocurrido bajo la modalidad de sicariato, ha provocado una movilización institucional que incluye requisas judiciales y programas de capacitación internacional para fiscales ante el incremento de la violencia vinculada al crimen organizado.

Mientras se desarrollaba el encuentro diplomático en La Paz, una comisión de fiscales realizó una requisa en el despacho de la víctima para recolectar indicios que permitan esclarecer el crimen. Saucedo señaló que existen avances internos en la investigación coordinada con la Policía Boliviana, aunque evitó profundizar en los detalles para no entorpecer el proceso judicial en curso.

Capacitación contra el narcotráfico

De manera paralela, el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, anunció la convocatoria de todos los fiscales especializados en sustancias controladas a una reunión técnica en la ciudad de Santa Cruz. El encuentro contará con la instrucción de un fiscal especializado de Colombia y el respaldo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y la Unión Europea.

"Tras haber conocido estos nuevos asesinatos, y que tienen alguna relación con el narcotráfico, pedimos que se capacite a nuestros fiscales de materia", dijo Mariaca. El fiscal general vinculó directamente los recientes hechos de sangre con las actividades de las mafias del narcotráfico, lo que obliga a una actualización de las estrategias de persecución penal en casos de alta complejidad.

Demandas de seguridad permanente

El presidente del TSJ explicó que la reunión con los delegados internacionales tuvo como objetivo central exponer la vulnerabilidad de los magistrados en el ejercicio de sus funciones. Saucedo confirmó que actualmente los miembros del tribunal cuentan con escolta policial, pero criticó que la medida sea una respuesta reactiva al asesinato de Claure y no una política de Estado consolidada.

El magistrado instó a las autoridades del Poder Ejecutivo a establecer protocolos de resguardo de manera permanente. Según Saucedo, la seguridad de los administradores de justicia es fundamental para evitar que las presiones externas o la violencia directa deriven en la impunidad de los delitos cometidos por organizaciones criminales.

El sistema judicial espera que las investigaciones de la Fiscalía y la Policía identifiquen a los autores materiales e intelectuales del atentado contra Claure en el corto plazo. Las autoridades judiciales advirtieron que el país enfrenta un escenario de riesgo para la independencia de poderes si no se garantiza la integridad física de quienes emiten fallos en áreas sensibles como la propiedad agraria y la lucha contra el tráfico de drogas.