Un juzgado ordena seis meses de prisión preventiva para el exministro Édgar Montaño

Un juzgado de instrucción penal dispuso el fin de semana la detención preventiva por seis meses para el exministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, por presuntas irregularidades en la ejecución del tramo carretero El Sillar. La decisión judicial obliga a la exautoridad a permanecer en el penal de San Pedro, en La Paz, apenas días después de haber obtenido un beneficio de detención domiciliaria en un proceso paralelo.

Montaño fue aprehendido por la fiscalía antes de que pudiera abandonar el recinto penitenciario. El nuevo caso, denominado El Sillar III, surge tras una serie de peritajes que identificaron daños estructurales y deficiencias técnicas en la obra después de su entrega oficial. Según el capitán Fabio Gonzales, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), la investigación se centra en los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.

El exministro ingresó a prisión inicialmente en enero de este año. En esa instancia, el Ministerio Público lo vinculó con anomalías administrativas en las fases previas del mismo proyecto vial. Aunque su defensa logró que un juez le otorgara medidas sustitutivas la semana pasada, la notificación de una nueva orden de aprehensión bloqueó su salida y derivó en la audiencia cautelar realizada el domingo.

Irregularidades en la infraestructura vial

El tramo de El Sillar, ubicado en la carretera que conecta los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, es una de las infraestructuras más costosas y complejas del país debido a la inestabilidad geológica de la zona. Las autoridades judiciales investigan si las fallas reportadas recientemente responden a una supervisión deficiente o a la omisión de protocolos técnicos obligatorios durante la gestión de Montaño al frente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

El capitán Gonzales explicó que el proceso actual analiza específicamente los desperfectos detectados tras la recepción de los trabajos. "El caso se refiere a daños y desperfectos en el tramo carretero posentrega de la obra", señaló el oficial de la FELCC al detallar los fundamentos de la nueva imputación. La fiscalía argumenta que el Estado sufrió un perjuicio económico considerable al tener que destinar recursos adicionales para reparaciones en una vía que debía cumplir con estándares de durabilidad específicos.

Situación jurídica y próximos pasos

La defensa de Montaño ha cuestionado la celeridad del nuevo proceso y la oportunidad de la aprehensión. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que los indicios de responsabilidad son suficientes para justificar la medida cautelar de 180 días mientras se recolectan pruebas adicionales y se toman declaraciones a otros exfuncionarios y técnicos vinculados al proyecto carretero.

El exministro, quien formó parte del gabinete del presidente Luis Arce, deberá enfrentar ahora un cronograma de audiencias que determinará si existen más implicados en la cadena de toma de decisiones. El gobierno ha señalado en diversas ocasiones que la fiscalización de las obras públicas es una prioridad para garantizar la transparencia en el uso de los fondos estatales, independientemente del cargo que hayan ocupado los investigados.

Con esta resolución, el futuro legal de Montaño queda supeditado al avance de las investigaciones técnicas sobre la carretera. El plazo de detención preventiva podrá ser ampliado si la fiscalía demuestra que persisten riesgos procesales o si la complejidad de los peritajes en la zona de El Sillar requiere mayor tiempo de análisis para cuantificar el daño económico total.