La Defensoría del Pueblo demanda una ley específica contra el acoso laboral

La Defensoría del Pueblo solicitó este miércoles a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Órgano Ejecutivo el impulso de una ley específica que regule y sancione el acoso laboral. La institución advirtió que, pese a los mandatos constitucionales, la ausencia de una norma técnica limita el acceso de las víctimas a mecanismos efectivos de protección y reparación en el ámbito de trabajo.

A través de un pronunciamiento emitido por el Día Internacional de los Trabajadores, la entidad señaló que las vulneraciones a los derechos laborales y económicos persisten como un factor crítico de inestabilidad. Según el Reporte de Conflictividad del primer trimestre de 2026, estas demandas se han consolidado como uno de los principales motores de las protestas sociales en el país.

Vacío normativo y limitaciones administrativas

La Defensoría recordó que la Constitución Política del Estado reconoce el derecho al trabajo digno y libre de violencia. No obstante, tras más de 15 años de su vigencia, el país carece de un marco legal integral para sancionar el acoso. "El vacío normativo genera escenarios de indefensión que afectan la dignidad, la estabilidad emocional y la seguridad laboral", señala el documento oficial de la institución.

Si bien el Ministerio de Trabajo ha emitido disposiciones administrativas para gestionar denuncias, la Defensoría considera que estas medidas son insuficientes. De acuerdo con el organismo, estos mecanismos no logran garantizar el cese inmediato de las conductas abusivas ni aseguran la reparación adecuada para los afectados.

La institución exhortó tanto a entidades públicas como privadas a fortalecer sus políticas internas de prevención y sanción. El informe subraya que la protección del derecho al trabajo es una condición fundamental para la estabilidad democrática, especialmente en un contexto donde el pago oportuno de salarios y la estabilidad laboral son las mayores exigencias de los sectores movilizados.

El pronunciamiento concluye con un llamado a las autoridades para que los procedimientos de denuncia sean más accesibles y transparentes, con el fin de reducir los índices de conflictividad registrados en el inicio del año.