Exigen que el exministro Guido Áñez comparezca ante la justicia por el caso Octubre Negro

El exdirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Roberto de la Cruz, exigió el martes que el exministro Guido Áñez se presente ante las autoridades judiciales para responder por su participación en los sucesos de octubre de 2003. Áñez, quien ocupó la cartera de Asuntos Campesinos durante el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, regresó al país el pasado 24 de abril tras permanecer 17 años en Estados Unidos.

Áñez fue declarado rebelde y contumaz en el juicio de responsabilidades por el caso denominado "Octubre negro". El proceso investiga la presunta comisión de los delitos de genocidio, masacre sangrienta y ejecución extrajudicial cometidos durante las protestas sociales que derivaron en la renuncia del entonces presidente. De la Cruz señaló que la presencia de la exautoridad en la ciudad de Santa Cruz debe derivar en una comparecencia inmediata ante el Tribunal Supremo de Justicia para reactivar el proceso judicial que permanece inconcluso.

El exlíder alteño recordó que los enfrentamientos de 2003 dejaron un saldo de 68 personas fallecidas y más de 400 heridos. Según explicó De la Cruz, el fiscal general del Estado debe ordenar la aprehensión de oficio de la exautoridad si esta no regulariza su situación jurídica de manera voluntaria. El dirigente sostuvo que el retorno de Áñez no puede ignorar las deudas pendientes con el sistema judicial y pidió que se garantice el cumplimiento de las normas vigentes para quienes fueron declarados en rebeldía.

El rol del gabinete ministerial en 2003

La acusación contra Áñez se sustenta en su participación en el gabinete que aprobó el decreto supremo para el despliegue militar en octubre de 2003. Esta medida administrativa buscaba garantizar el suministro de combustibles hacia la sede de gobierno, pero resultó en el uso de fuerza letal en la ciudad de El Alto. De la Cruz mencionó específicamente los días 11 y 12 de octubre como los momentos de mayor violencia durante el descenso del denominado "convoy de la muerte".

De acuerdo con el exdirigente, otros excolaboradores de Sánchez de Lozada, como Carlos Sánchez Berzaín y Mirtha Quevedo, también tienen la obligación de retornar para someterse a la justicia. De la Cruz advirtió que los sectores sociales que impulsaron la revuelta popular de 2003 vigilarán el accionar de las autoridades actuales frente a estos retornos. "No pueden volver como si no hubiera pasado nada", afirmó el exlíder de la COR al cuestionar la posibilidad de que exfuncionarios de esa gestión tengan acercamientos con la administración pública actual.

El proceso por los hechos de 2003 permanece abierto en el Tribunal Supremo de Justicia, aunque la mayoría de las sentencias dictadas hasta la fecha recayeron sobre exjefes militares del alto mando de aquel año. La ausencia de los principales responsables políticos, que abandonaron el país tras la crisis de octubre, ha impedido el cierre definitivo del juicio de responsabilidades. De la Cruz aseguró que, si los implicados retornan sin enfrentar las consecuencias legales, los movimientos sociales retomarán las movilizaciones para exigir el cumplimiento de la denominada agenda de octubre.