Legislativo y Órgano Judicial disputan el control de Derechos Reales y el Notariado

La Asamblea Legislativa y el Consejo de la Magistratura mantienen una disputa institucional por la administración de Derechos Reales y la Dirección del Notariado Plurinacional, en un escenario marcado por cuestionamientos a la seguridad jurídica y la eficiencia del registro de propiedad en Bolivia. Mientras una propuesta legislativa busca trasladar el control registral al Órgano Ejecutivo, las autoridades judiciales demandan recuperar competencias sobre los notarios para centralizar el servicio bajo su jurisdicción.

La diputada Claudia Bilbao, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), impulsa un proyecto de ley para retirar la administración de Derechos Reales del Consejo de la Magistratura. Según la legisladora, el sistema registral actual ha colapsado y se ha convertido en un obstáculo que vulnera el derecho constitucional a la propiedad privada. Bilbao señaló que la falta de fiscalización externa ha permitido la consolidación de estructuras administrativas discrecionales dentro de las oficinas de registro.

El diagnóstico presentado por la legisladora advierte sobre la escasa interoperabilidad entre Derechos Reales, los catastros municipales y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Esta desconexión técnica permite que un mismo predio presente múltiples situaciones legales, lo que deriva en conflictos de propiedad, estafas inmobiliarias y avasallamientos. La propuesta plantea que la institución pase a depender del Ministerio de la Presidencia para implementar herramientas de gobierno electrónico a través de la AGETIC.

La postura del Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura rechazó la iniciativa legislativa y defendió su competencia sobre el sistema registral. Manuel Baptista, decano de la institución, informó que el Órgano Judicial busca un consenso para recuperar la administración de la Dirección del Notariado Plurinacional (Dirnoplu), que actualmente no se encuentra bajo su tuición. Baptista explicó que esta solicitud busca consolidar una institucionalidad independiente y eficiente dentro de la reestructuración del sistema de justicia.

Durante el acto por el aniversario de la institución, el decano admitió que Derechos Reales enfrenta problemas estructurales, entre ellos denuncias de corrupción, demora excesiva en los trámites y limitaciones tecnológicas. Sin embargo, sostuvo que la solución no consiste en transferir estas funciones al Órgano Ejecutivo, sino en dotar al Órgano Judicial de mayores recursos y capacidad operativa para ejecutar una reingeniería del sistema.

El conflicto administrativo surge en un momento de alta sensibilidad sobre la seguridad del derecho propietario. La propuesta de Bilbao enfatiza la necesidad de un control social y legislativo más riguroso, mientras que el sector judicial argumenta que la independencia de poderes exige que los servicios auxiliares de justicia permanezcan bajo su jurisdicción. El debate técnico y político sobre la dependencia de estas oficinas definirá el modelo de gestión de la fe pública en los próximos meses.