El Tribunal de Ética de la FBF archiva denuncia contra el presidente de The Strongest

El Tribunal de Ética de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) resolvió el archivo de obrados en la denuncia presentada contra el presidente del club The Strongest, Daniel Terrazas, por presunto abuso de cargo, malversación de fondos, discriminación e incumplimiento de deberes. La decisión se fundamentó en una publicación de prensa que sugería una reconciliación interna, a pesar de que no todos los denunciantes retiraron sus acusaciones.

La denuncia original fue impulsada por cuatro miembros del directorio atigrado: Paola Mendoza, Ricardo Beltrán, Fernando Flores e Iván Quevedo. Según la resolución del tribunal federativo, Mendoza y Flores presentaron un memorial de desistimiento irrevocable tras alcanzar un acuerdo interno para proteger la integridad institucional. Sin embargo, el documento no registra un desistimiento formal por parte de Beltrán y Quevedo, quienes mantienen sus cuestionamientos hacia la gestión de Terrazas.

Evidencia basada en prensa y persistencia del conflicto

Para justificar el cierre del caso, el Tribunal de Ética argumentó que el conflicto institucional fue pacificado. Como prueba de esta afirmación, el organismo citó una publicación periodística sobre una conferencia de prensa realizada el 28 de noviembre de 2025, en la cual el presidente y parte de su directiva anunciaron que trabajarían en armonía. Esta interpretación ha generado controversia, dado que dos de los directivos denunciantes continúan en funciones y mantienen su desacuerdo con el manejo administrativo del club.

A pesar de liberar de cargos a Terrazas, el tribunal determinó la aplicación de medidas de buen gobierno institucional de carácter vinculante. Estas disposiciones buscan limitar la discrecionalidad en el manejo de los recursos económicos de la entidad deportiva y forzar una gestión más colegiada entre los miembros del Comité Ejecutivo.

Nuevas reglas para el manejo financiero

Entre las medidas impuestas destaca la obligatoriedad de una administración participativa de los fondos. A partir de esta resolución, todo egreso o disposición patrimonial que supere los 100.000 bolivianos deberá ser gestionado de forma coordinada. Estos movimientos requerirán la aprobación previa del directorio y la firma conjunta del presidente y la secretaría general o dirección ejecutiva.

Asimismo, el tribunal ordenó a la presidencia convocar a sesiones de directorio de manera regular, con una frecuencia mínima de una vez al mes. Estos encuentros deberán servir para la presentación de informes financieros, la aprobación de presupuestos y la validación del quorum estatutario. El fallo también recomienda la creación de una reglamentación interna para consolidar una gestión compartida, en un intento por mitigar las tensiones que persisten en la cúpula de la institución paceña.